Los alcaldes de un total de 59 ayuntamientos de España han denominado a sus pueblos y ciudades Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI) en los últimos cinco años mediante unos documentos en los que se establecía que no se podía realizar ningún tipo de relación ni negocio con personas o empresas relacionados con Israel.
El portavoz de la Asociación pro-israelí ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), Juan Hernández, ha atendido a Moncloa.com y ha confirmado que ya han puesto en manos de varios tribunales varias denuncias y hasta el momento cuentan con la mayoría de sentencias favorables que les dan la razón. “Los juzgados nos han dado la razón y es que los textos son vinculantes, por lo que tienen efectos prácticos y son discriminatorios y vulneran el artículo 14 de la Constitución Española”, ha relatado.
El mencionado artículo establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Hernández ha asegurado que desde su asociación, formada por personas españolas, promueven el acercamiento entre Israel y España con el objetivo de crear relaciones porque consideran que los países tienen “un pasado común y un presente similar” en el ámbito cultural y profesional.
Además, ha reconocido que las mociones, que considera antisemitas e ilegales, se han consolidado en los municipios liderados por alcaldes de Podemos e IU principalmente, aunque también, con algunos en los que gobierna el PSOE o partidos independentistas como la CUP o ERC. De este modo, compañías de teatro, conferenciantes, cineastas, actores o empresas israelíes han visto rechazadas su contratación por parte de las formaciones locales ante la perplejidad de los afectados.
Uno de los casos más conocidos fue el de la compañía Mayumana, que durante unos meses tuvo su espectáculo en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, y en el que se imponía el reconocimiento de un Estado Palestino a la compañía si querían ser contratados o contar con algún teatro público para su musical.
Algunos de estos municipios que han contemplado este tipo de documentos han sido Cádiz, Barcelona, Pamplona, Valencia, Gijón, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid o el cabildo de Gran Canaria. El alcalde de Cádiz, José María González, alias Kichi, llegó a cancelar un ciclo de cine israelí tras adherirse a la red de municipios ELAI impulsada por la organización extremista BDS, una organización que pide el boicot contra Israel. Lo hizo abiertamente al decir que su Ayuntamiento no contrataría a nadie procedente de Israel para ninguna actividad.
Asimismo, en Gijón, tras proclamar la capital Libre de Apartheid Israelí, se repartieron pegatinas y cartelería por todos los comercios para que los empresarios las pegaran en sus escaparates y así dejar claro que se trataba de un local libre de apartheid israelí.
Desde ACOM, indican que este tipo de acciones son propias de la Alemania nazi y se extrañan porque no se hace con otros países como “China, Rusia o Venezuela”. «Aprobaron no contratar a judíos. Buscan siempre criminalizarnos bajo supuestas declaraciones humanitarias. Se nos ha excluido de la vida social, política, económica y cívica de los territorios. Se nos ha impedido optar a contratos públicos, no podíamos tener acceso o alquilar espacios, tener acceso a una sala o realizar actividades culturales o académicas. Nos han dejado fuera totalmente».
JUICIOS POR ANTISEMITISMO
Todos los municipios han sido denunciados por la asociación ante los tribunales. «No íbamos a permitir que los representantes políticos nos discriminaran. Por eso hemos decidido ir a juicio contra todos estos ayuntamientos. Atenta contra el artículo 14 de la Constitución española que impide la discriminación por motivos raciales, de nacionalidad o religiosos. Hemos ganado a todos los ayuntamientos, diputaciones regionales y cabildos insulares que han tomado esta iniciativa ilegítima», expresan desde ACOM.
De este modo, Kichi se sentó ante el magistrado del juzgado de instrucción nº 1 de Cádiz, tras la querella interpuesta por ACOM contra los miembros de la Junta del Gobierno Local de Cádiz. «El regidor de la capital gaditana declaró en calidad de investigado por ser parte activa de un boicot xenófobo, discriminatorio y anticonstitucional del que se jactaba públicamente. Asimismo, tras darse a conocer la sentencia que anulaba la decisión del Ayuntamiento gaditano de suspensión del ciclo de cine israelí y de la adhesión de la localidad al espacio BDS-ELAI, el mismo juzgado reabrió la causa criminal contra los investigados, en tanto en cuanto el proceso estaba suspendido hasta que se recibiera sentencia del asunto administrativo», señala la asociación en el recurso contra el gobierno de Podemos.
