El diputado nacional de Ciudadanos Marcos de Quinto ha reclamado cuatro años de prisión por la presunta comisión de delitos de coacciones, injurias y contra los sentimientos religiosos para tres miembros de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada que protestaron a las puertas de la catedral de Cuenca el día de su boda.
La protesta tuvo lugar en septiembre de 2017 en plena movilización de la plantilla para reivindicar que se cumpliera una sentencia de la Audiencia Nacional para que se readmitiera a los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo.
El exdirectivo meses después y una vez que dejó la compañía interpuso una denuncia contra tres empleados de la plataforma ‘Coca-Cola en lucha’ que participaron en la protesta, que secundaron un total de 80 personas, donde se gritaron consignas como «Fuenlabrada productiva», «Marcos de Quinto, terrorista» o «Que viva la lucha de la clase obrera»..
En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 2 de Cuenca, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por el diario ‘Público’, el que fuera directivo de la multinacional pide dos años contra los tres por presuntas coacciones durante su enlace y otro contra los sentimientos religiosos, junto a una pena por injurias de 14 meses a razón de 10 euros por día.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la instrucción por esta denuncia ya ha terminado y que la Fiscalía, en su escrito de acusación, solamente pide una multa económica por presunto delito de coacciones.
Por su parte, desde la defensa se reclama la libre absolución al entender que no hubo ningún tipo de coacción, dado que la ceremonia religiosa se llevó a término y que las consignas proferidas, en un evento de carácter sindical, no pueden entenderse como injurias.
A su vez, exponen que la protesta fue autorizada por Delegación del Gobierno, que no se produjeron incidentes y que ninguno de los asistentes fue filiado ni identificado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En diciembre de 2018, Coca-Cola European Partners y los representantes de los trabajadores de la planta de Fuenlabrada han alcanzado un acuerdo que suponía la «paz social» y el «fin del conflicto» que permaneció abierto durante cinco años.
Así, se contempla el compromiso de la compañía de estudiar en un periodo de dos años la posibilidad de abrir un centro mixto, con actividad industrial y logística, en la zona central de Madrid (un radio de 70 kilómetros), «siempre y cuando encaje con la estrategia» de la compañía a nivel europeo en estos dos campos.
