La Policía Nacional ha desmantelado en el marco de la operación «Antares» una plataforma que se encargaba de suministrar de forma ilegal servicios audiovisuales y de TV por Internet. Contaba con al menos 20.000 usuarios de toda España, que fueron desconectadas en el momento de la intervención policial.
Fruto de la actuación de los cuerpos policiales se ha procedido a la detención de dos personas en las provincias de Córdoba y Málaga. Se les acusa de delitos contra la propiedad intelectual, fraude en las telecomunicaciones y blanqueo de capitales. Asimismo, una tercera persona está siendo investigada por su presunta relación con los hechos.
El inicio de la investigación tuvo lugar a principios del pasado año 2019. Varias denuncias recibidas por la Policía Nacional alertaban de la distribución de equipos preparados para visualizar señal de TV de pago a través de una web y de forma ilegal, recurriendo al conocido método IPTV.
Tras llevar a cabo el análisis y estudio de diferentes cuentas de la plataforma de pago PayPal y las diferentes vigilancias realizadas, se pudo localizar a uno de los implicados. Este individuo residía en un municipio de Córdoba.
Las pesquisas policiales continuaron y se pudo saber que había una segunda persona, residente en Málaga, con el que trabajaba de forma conjunta. Esta segunda persona era la que poseía la infraestructura y los medios para poder proporcionar la señal de televisión a sus clientes.
EMISIÓN DE 15.000 CANALES DE TV EN DIRECTO
Una vez que los dos miembros del grupo criminal fueron localizados, se practicaron sendos registros en sus domicilios. Al mismo tiempo se cortó la señal ilícita de TV que administraban y redistribuían. También se encontraron diferentes cuentas de PayPal a través de las cuales canalizaban los beneficios obtenidos de su actividad.
En estos registros se intervinieron aproximadamente 300 servidores, además de diferente equipamiento de hardware y software que permitía la emisión de 15.000 canales de forma fraudulenta en directo.
En el momento en el que tuvo lugar la intervención policial se encontraban cerca de 20.000 usuarios conectados al servicio ilegal. No obstante, la plataforma contaba con la capacidad suficiente para poder suministrar el servicio hasta a unas 500.000 personas.
Las labores policiales concluyeron con la detención de las dos personas implicadas. Asimismo, una tercera persona, también residente en Córdoba, está siendo investigada por su posible relación con la actividad criminal.
REVENTA DE SEÑAL DE TV MEDIANTE IPTV
Las plataformas dedicadas a la reventa de la señal de televisión y contenido audiovisual de forma ilegal llevan existiendo desde los orígenes de los contenidos de pago. En algunos casos existen complejos entramados tras este ilícito negocio.
En el pasado mes de enero, la Policía Nacional desarticuló una importante organización que prestaba servicio a más de 10.000 clientes en toda España. Aquella operación se saldó con la detención de 15 personas que actuaban como revendedores. Estaban distribuidos por toda España en busca de nuevos clientes.
La actividad ilegal de dicha organización se basaba en la adquisición de servicios integrales que, posteriormente, vendían entre sus respectivos clientes. Se trataba de una red con una gran infraestructura, con posibilidad de llegar a dar servicio a 50.000 usuarios.
En este caso las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por el Grupo Mediapro y LaLiga. Estos denunciaban la existencia de una persona o grupo encargado de revender la señal de televisión de forma ilegal a través del método IPTV.
3 MILLONES DE PERSONAS VEN FÚTBOL DE FORMA ILEGAL
En la actualidad, hay 3 millones de personas que ven el fútbol de forma ilegal en España. A pesar de ser una cuantía considerable, se ha reducido en más de la mitad con respecto a las estimaciones de LaLiga allá por noviembre de 2015, cuando aseguraba que había 7,6 millones de personas que disfrutaban de estos contenidos de forma ilícita.
La continua lucha desde LaLiga para acabar con la piratería en el visionado de partidos de fútbol ha surtido efecto, aunque aún se considera que queda camino por recorrer. En la actualidad, esta práctica supone una pérdida de 269 millones de euros por temporada.
Para hacerles frente, la patronal recurre a equipos humanos en los que se ven implicados casi 150 personas. De ellas, un centenar se dedican a la inspección de locales públicos, mientras que otras 25 lo hacen para detectar a quienes emiten contenidos piratas de TV. Al mismo tiempo, tratan de bloquear sus portales web a través de la justicia. El resto se dedica a otros quehaceres de carácter jurídico, internacional o comunicación.
Los resultados son evidentes y se pasó de un 50% de establecimientos públicos con emisión de fútbol pirata a un 25-30% desde la temporada 2017-2018 a la 2018-2019.
En lo que respecta a los consumidores residenciales, se ha reducido hasta los 2,9 millones de euros. La gran caída en la piratería en el hogar es fruto del bloqueo de importantes páginas web dedicadas a la emisión de partidos de forma ilegal.
ESTABLECIMIENTOS Y FÚTBOL
El fútbol en directo es uno de los principales atractivos que tienen los bares y cafeterías para muchas personas en España. En torno a 2,6 millones de personas acuden cada semana a ver partidos de fútbol a establecimientos públicos. Esto provoca un crecimiento en el consumo a las horas de partido de un 107% de media durante la emisión del mismo y un 146% cuando finaliza, según los estudios.
Sin embargo, durante la temporada pasada, casi la mitad de estos establecimientos emitían los partidos del fútbol español sin pagar la cuota de LaLigaTV Bar, el canal específico de Mediapro para establecimientos. De ellos, un 70% apostaba por recurrir a la señal IPTV que recibían de Internet y el 30% restante utilizaba la señal de cliente residencial.
En la actualidad, los inspectores de LaLiga y Mediapro recurren a una herramienta de inteligencia artificial que les permite conocer las rutas completadas la temporada pasada. De esta manera estos pueden observar en los bares si la señal del establecimiento cuenta con los correspondientes distintivos que indican su legalidad.
Cuando uno de estos inspectores detecta la emisión de los encuentros de forma ilegal, LaLiga contacta con el establecimiento para solicitarle que contrate el servicio de forma legal o deje de emitirlo. Asimismo se inicia el procedimiento legal, con el cual ya se han realizado miles de denuncias, con cerca de un millar de procesos penales abiertos y condenas. Estas últimas consisten en varios meses de prisión e importantes multas económicas.
