La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de la directora y principal responsable de una protectora de animales por la muerte de casi 500 de ellos. Está imputada por delitos de maltrato animal, falsificación documental e intrusismo laboral. Durante más de una década, la arrestada ejerció como veterinaria sin estar titulada, además de falsificar documentación relacionada con esta actividad.
La investigación dio comienzo después de que las autoridades policiales tuviesen conocimiento de la posibilidad de que en dos establecimientos de una protectora de animales de El Baix Ebre (Tarragona) se estuviesen realizando prácticas ilegales de veterinaria.
Por ello, en el pasado mes de septiembre los agentes de la Benemérita inspeccionaron las instalaciones de la protectora. De esta manera procedieron a comprobar el estado de los animales. En la inspección pudieron detectar diferentes irregularidades, tales como administración de vacunas, expedición de recetas y tratamientos veterinarios realizados por parte de personas sin titulación para ello.
ANIMALES SACRIFICADOS EN LA PROTECTORA
Desde el inicio de su actividad, la protectora de animales, varias fundaciones y asociaciones se vincularon entre ellas a través de acuerdos de colaboración. Con ellos se trataba de fomentar las adopciones y financiar el mantenimiento de animales en los centros de acogida. Por cada adopción se llegaba a pagar entre 300 y 350 euros.
Con el objetivo de lograr incrementar sus beneficios, los responsables de la protectora de animales decidieron prescindir de los servicios veterinarios. De esta manera pasaron a ser ellos mismos quienes se encargaran de la diagnosis de enfermedades, realización de pruebas y administración de vacunas.
Por otro lado, la protectora sacrificaba animales bajo criterios exclusivamente económicos. Esto era debido a que recibían una aportación por parte de las administraciones públicas por recoger animales de la vía pública. De esta manera, cuando un animal se encontraba enfermo o estaba en unas condiciones difíciles para su adopción, lo sacrificaban.
Los investigadores de la Guardia Civil pudieron verificar que la protectora de animales contaba con una elevada tasa de mortandad. Su punto álgido lo alcanzó entre los años 2013 y 2015, periodo en el que tuvo una media de 95 muertes de animales anuales.
MATERIAL VETERINARIO EN LA PROTECTORA
Los agentes de la Guardia Civil procedieron a practicar sendos registros en el domicilio de la principal investigado y el propio centro. En ellos se descubrió que contaba con material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias sin rellenar y diferentes medicamentos y vacunas. También contaba con una mesa quirúrgica para operaciones.
Asimismo, el instituto armado comprobó que un veterinario titulado era el que facilitaba los microchips y las cartillas sanitarias en blanco. Este no verificaba el posterior uso que desde la protectora de animales se les daba a los mismos.
La ahora detenida falsificaba recetas de veterinarios titulados para adquirir medicamentos en diferentes empresas distribuidoras de Zamora y Barcelona. Tras prestar declaración en las dependencias policiales fue puesta a disposición judicial en el juzgado de guardia de Tortosa (Tarragona).
La investigación se desarrolló por parte de los agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) del parque natural del Delta de l’Ebre.
SACRIFICIO 0
En función del lugar en el que un animal sea abandonado puede tener más de un castigo. Cada Comunidad Autónoma tiene su propia regulación al respecto ante la inexistencia de una normativa estatal. La ausencia de la misma permite que en Madrid, Cataluña, Murcia y Galicia exista la llamada ley de «sacrificio 0», la cual hace que se prohíba a una protectora matar animales sanos por falta de espacio en los centros de acogida.
Esto significa que, en otras comunidades, tienen permitida la matanza de los animales en el caso de que tengan problemas de espacio para alojarlos. En este sentido hay que diferenciar «sacrificio» de la «eutanasia», ya que esta última se continua aplicando sobre animales que tienen una enfermedad terminal o contagiosa, o bien que son excesivamente «peligrosos».
Sin embargo, la llegada de esta ley en las comunidades en las que está presente no ha tenido una gran eficacia para la protección animal. En gran parte por no estar acompañada de otras medidas contra el abandono de animales. De hecho, en la Comunidad de Madrid las asociaciones de Protección Animal han denunciado en reiteradas ocasiones la necesidad de tomar decisiones enfocadas a reducir el número de animales que llegan a los centros de acogida. Para ello se alude a la necesidad de que los programas de prevención de abandono y el fomento de la adopción sean impulsados.
DUDAS SOBRE LOS DATOS OFICIALES
Desde diferentes asociaciones se asegura que muchos de los animales que entran en perreras acaban siendo sacrificados, al mismo tiempo que se cuestionan los datos oficiales relativos al número de sacrificios. Esto se debe a la gran facilidad que tienen las empresas del control de gestión de los centros para ocultar sacrificios asegurando que murieron de forma natural o por enfermedad. Además, muchos ayuntamientos ni inspeccionan ni hacen un control efectivo sobre los sacrificios.
Habitualmente la competencia de la recogida de animales recae sobre los ayuntamientos. No obstante, existen dos modelos de gestión diferentes en el territorio español: el público y el privado. En el segundo caso se lanza un concurso público que gana una protectora o una empresa, aunque acostumbran a ser las segundas.
Estas empresas ganan dinero con los animales abandonados, lo que hace que las asociaciones aseguren que, en muchos casos, no se protege de forma adecuada al animal.
SIN LEY ESTATAL
La protección de los animales y lucha con el maltrato animal es muy amplia y afecta a diferentes categorías de animales. Sin embargo, no existe en la Constitución Española un título específico que haga referencia a la protección y bienestar de los animales.
El partido PACMA presentó en el Congreso en 2017 la propuesta legislativa denominada «Ley Cero«. Sin embargo, desde la propia formación han recordado hace apenas unas semanas que ningún partido político apoyó su tramitación. Pese a ello, continúan instando al Gobierno a su aprobación.
Desde el partido animalista se insiste en que la falta de homogeneidad a nivel legislativo es un gran peligro para millones de animales en España. De hecho, aluden a una sociedad española cada vez más sensibilizada con el trato hacia los animales para insistir en la tramitación de esta ley.
En concreto, la Ley Cero propuesta por PACMA se basa en acabar con la tauromaquia, con la caza y con el sacrificio de animales en las perreras. Esto último se buscaría conseguir a través de la prohibición de la compraventa de animales, la esterilización obligatoria y fomentando la adopción.
