Castilla y León analiza la fiabilidad de test rápidos para iniciar 50.000 pruebas

La Consejería de Sanidad de Castilla y León, a través de los servicios de microbiología, analiza la fiabilidad de los test de detección rápida del Covid-19 para iniciar esta semana si es posible unas 50.000 pruebas, al tiempo que, como ha explicado la titular del área, Verónica Casado, se espera recibir los 100 respiradores retenidos en EEUU.

En la rueda de prensa en la que Casado analiza de forma diaria la evolución del coronavirus en la Comunidad, ésta ha explicado que se están analizando estas pruebas rápidas. «Tenemos que estar seguros de que estas pruebas miden lo que tienen que medir para no generar falsos negativos».

De este modo, ha explicado que cuando se estudie su viabilidad se comenzarán a realizar unas 50.000 pruebas de este tipo que, además, deben ser enviadas por el ministerio.

Así, ha aclarado que en primer lugar se hará la prueba a las personas ingresadas y a los profesionales sanitarios que hayan estado en contacto con casos positivos, tras lo que se empezarán a llevar a cabo a los pacientes indicados desde los Centros de Salud. Después, poco a poco, se extenderán a todos los colectivos.

«Vamos a tener suficientes cantidades para hacerlo estos días, de manera coordinada y muy registrada, hay que hacerlo de manera planificada desde sanidad».

Por otra parte, con respecto a los 100 respiradores retenidos en EEUU Casado ha confiado en que «lleguen en breve«, ya que «gran parte de ellos» aterrizarán en Ámsterdam y de allí volarán a Castilla y León. «Hacemos muchos esfuerzos en las compras».

En cuanto a las medicinas necesarias para tratar los caso graves Casado ha informado de que la Agencia del Medicamento garantiza su suministro para los pacientes que lo requieran.

En cuanto a la compra de material la consejera ha asegurado que desde la Junta se sigue comprando y ha informado de que en las últimas horas se ha recibido un avión con 85.000 mascarillas FFP2. Del mismo modo, ha detallado que se han repartido 743.920 mascarillas a sanitarios, 279.490 para servicios sociales y 74.460 entre otros colectivos prioritarios.