La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido este martes de posibles dificultades de los jueces y magistrados en su labor como servicio esencial tras el decreto de paralización de actividades. Así, denuncian que se ha producido «una reducción del personal funcionario en régimen presencial» en algunos órganos que podría perjudicar esta función.
En un comunicado, el CGPJ recuerda que, con la crisis sanitaria del coronavirus y la entrada en vigor del estado de alarma, ha ido adoptado una serie de acuerdos e instrucciones con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia «y, con ello, la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía, evitando la causación de perjuicios irreparables».
El texto señala que entre los acuerdos adoptados figuran «los que han tenido por objeto la implantación de medidas de índole organizativo a fin de garantizar que las dotaciones personales (…) sean las precisas y adecuadas a fin de asegurar las funciones encomendadas a los jueces y magistrados en el desarrollo de los servicios esenciales».
La Comisión Permanente del CGPJ añade que el pasado 23 de marzo, a la vista de los informes remitidos por los Tribunales Superiores de Justicia, ya encomendó a las Comisiones de Seguimiento la realización con las administraciones prestacionales de los ajustes necesarios de esas dotaciones personales imprescindibles, teniendo en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de Justicia.
Asimismo, el comunicado también hace referencia a la Resolución de Justicia de 30 de marzo de 2020, que regula en su disposición tercera los servicios esenciales que deben prestarse en régimen presencial y limita personal.
De este modo, y siguiendo esas medidas, la Comisión Permanente reitera que «debe garantizarse en cualquier circunstancia la cobertura de los servicios esenciales establecidos por el órgano de gobierno del Poder Judicial (Registros, órganos de gobierno, juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Violencia sobre la Mujer, Registro Civil, etc), determinando las dotaciones de plantilla presenciarles necesarias para ello.
Con ese objetivo, añade el acuerdo, las Comisiones de Seguimiento, constituidas en cada Tribunal Superior de Justicia, una vez constatada la dificultad de prestación de los servicios esenciales por falta de dotación de personal presencial, «deberán interesar de las Administraciones prestacionales a la mayor urgencia la adopción de las decisiones oportunas para que la tutela judicial quede plenamente garantizada».
En caso de desatención a sus peticiones, dice el CGPJ, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia deberán comunicarlo inmediatamente al Consejo a los efectos oportunos».
