La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a través de su departamento jurídico, ha presentado una serie de escritos en la Audiencia Nacional en los que solicita que reclame a una decena de etarras el pago de responsabilidad civil a sus víctimas que aún tienen pendiente. La cantidad total asciende a más de un millón de euros.
Como acusación popular en esos procedimientos, la AVT no tiene legitimación procesal para exigir el pago de las indeminizaciones, ya que sólo se puede hacer a través de la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la acusación particular que ejercen los familiares de las víctimas. Por ello, los escritos de la asociación, presentados a mediados de marzo, se dirigen a recordar a las partes que los terroristas aún tienen deudas pendientes con sus víctimas.
Dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil redujo de 15 a 5 años el plazo de prescripción de las acciones personales, el próximo 7 de octubre expirará la deuda en concepto de indemnización de esa decena de etarras con sus víctimas, a no ser que alguna de las partes personadas reclame una revisión patrimonial para así interrumpir el plazo de prescripción.
PRECEDENTE DE BOYE
Es lo que llevó a la Audiencia Nacional a reclamar el pasado febrero al abogado Gonzalo Boye la indemnización por su participación en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, delito por el que fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel así como a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).
A partir de esta resolución, el departamento jurídico de la AVT revisó aquellos casos en los que los etarras tienen reclamaciones pendientes con las víctimas más allá de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de las indemnizaciones adelantadas, según informa la asociación.
KANTAURI DEBE MEDIO MILLÓN
Esta situación se da en una minoría de supuestos, ya que, en la mayoría de casos, las indemnizaciones fijadas en sentencia han sido abonadas por el Estado, que cubre hasta un máximo de medio millón de euros. Sin embargo, hay etarras que deben mucho más a sus víctimas.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que entre los etarras sobre los que ahora se ha pronunciado la AVT son Francisco Javier Arizkuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, con una deuda de medio millón de euros; Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach, Gorka Palacios, que deben entre los tres más de 100.000 euros; Íñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, con la misma cantidad; Sergio Polo, con una deuda de 120.000 euros; y Gurrutz Aguirresarobe, también con 100.000 euros.
DEUDA TAMBIÉN CON EL ESTADO
Estas son las cantidades que los etarras todavía tienen pendientes con sus víctimas, de acuerdo con las sentencias dictadas y que ya son firmes. Sin embargo, y dado que el Estado ha abonado las indemnizaciones hasta un máximo de 500.000 euros, la deuda de los terroristas también es con la Administración Pública.
El Ministerio del Interior ya se ha movilizado para tratar de que los etarras salden sus deudas tanto con el Estado como con las víctimas. Hace casi dos años, por ejemplo, la Guardia Civil lanzó, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, la ‘operación Zerga’ (‘tributo’ en euskera), después de que se hubiera comprobado cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.
Se trataba de bloquear y embargar cuentas bancarias, así como retener nóminas e intervenir inmuebles. En el marco de esta operación, se embargaron bienes a históricos integrantes de la banda terrorista como Idoia López Riaño, alias ‘La Tigresa’, Enrique Letona Viteri, alias ‘Masilla’, o Mercedes Galdós.
