El Ministerio de Justicia ha establecido un protocolo de actuación con el objetivo de prevenir riesgos laborales ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Canalizará la coordinación a través de una unidad especializada y con ello pretende promover «la máxima operatividad de las estructuras y medios existentes».
En un comunicado, el ministerio anuncia la publicación de esta guía que tiene por objetivo describir de forma concreta cómo deben actuar los diferentes responsables de la Administración de Justicia ante situaciones de riesgo o de contagio de la enfermedad, y apunta que todo el protocolo estará centralizado en la Unidad especializada para la Coordinación de Riesgos Laborales (UCRL).
Esta unidad prestará el asesoramiento y el apoyo necesario a los directivos o responsables elaborando informes, propuestas y recomendaciones «sometidas siempre a las directrices de las autoridades sanitarias».
La UCRL realizará así el seguimiento y evaluación técnica de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores y propondrá medidas preventivas y asesorará en la coordinación de trabajadores de otras empresas que presten servicios en los centros de la Administración de Justicia.
Este mismo órgano se encargará de actualizar y distribuir la documentación relacionada con la pandemia de la enfermedad Covid-19, y difundirá también los documentos externos oficiales de las autoridades sanitarias y la normativa que resulte de aplicación en materia preventiva.
De esta forma, desde Justicia pretenden lograr una homogeneización de las medidas que se deben adoptar para prevenir contagios por coronavirus, a la par que buscan asesorar a las Gerencias Territoriales «con carácter preventivo» sobre las dudas que se puedan plantear en relación con la adopción de medidas de protección tanto colectiva como individual, de organización del trabajo y sobre el entorno físico del trabajo.
REMITIR A LA UCRL LOS POSITIVOS
En el protocolo se fija que ante cualquier caso positivo o de aislamiento, la gerencia territorial o el órgano equivalente de la Comunidad Autónoma «tiene que remitir a la UCRL, a la mayor brevedad, la información del afectado y del superior jerárquico, así como de las medidas a adoptar en prevención de otros contagios».
Desde el ministerio advierten de que las gerencias territoriales han de colaborar en las Comisiones Judiciales de Seguimiento Covid-19 de los Tribunales Superiores de Justicia, y que tienen encomendada la función de prestar la ayuda y los medios necesarios a los responsables de los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia.
«El protocolo recoge, en definitiva, todas las instrucciones que habrán de aplicarse en un procedimiento que está medido al milímetro para tratar de minimizar el impacto de la propagación del virus en los servicios esenciales que ahora mismo se están prestando, pero sirve también a futuro para marcar pautas de comportamiento ante una pandemia de resultados imprevisibles aún en el tiempo», explica en la nota el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues.
El objetivo es lograr «la detección de incidencias que permita ofrecer una respuesta inmediata a los casos que se puedan dar de positivos o de indicación de aislamiento». Así, en el protocolo se recoge que en cada gerencia habrá un coordinador en conexión permanente con la UCRL.
Esta guía llega después de que este mismo lunes Ministerio de Justicia dictara una resolución que permite que los funcionarios de la Administración de Justicia que no deban acudir al juzgado estén localizables en sus domicilios durante su jornada laboral y disponibles para incorporarse en su puesto de trabajo a la mayor brevedad posible para prestar cualquier actuación señalada como servicio esencial con el decreto de estado de alarma y que no pueda realizarse a distancia.
