El conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, se ha sumado a las críticas de varias autonomías al Gobierno central por no asignar ningún fondo de políticas activas de empleo vinculadas a la formación, por lo que Galicia no podrá acceder a 100 millones de euros que le correspondían este año.
El Gobierno decidió ayer en Consejo de Ministros destinar la financiación prevista para Comunidades Autónomas para la Formación Profesional para el Empleo a otras partidas, 2.400 millones en total, dentro del real decreto aprobado ayer de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus.
En un comunicado, Conde denuncia que esta decisión supone romper «el consenso, el diálogo y la corresponsabilidad» que el Ejecutivo central debía mantener con las autonomías.
«Supone intentar limitar las competencia de la comunidad autónoma, atacar el principio de suficiencia financiera, y, por tanto, es una decisión que rompe cualquier tipo de diálogo y de consenso en un contexto en el cual lo que necesitan los ciudadanos es, precisamente, una respuesta conjunta de las administraciones», clama.
Según explica la Xunta, a Galicia se le van a aportar 81 millones para partidas de empleo y modernización, pero no los fondos correspondientes a formación, que estima en 100 millones si en el reparto final se aplica un incremento porcentual similar a 2019.
Al respecto, Conde lamenta que esta decisión supondrá «una pérdida de oportunidades» para trabajadores y empresas puedan «salir de esta situación en mejores condiciones». Apunta que esta financiación está prevista para la formación en la Industria 4.0, automoción, naval y diferentes talleres, entre otros.
RECLAMA TRANSPARENCIA ANTE DUDAS POR EL DECRETO
Por otra parte, el conselleiro de Economía ha reclamado al Gobierno «transparencia» y «seguridad jurídica» sobre qué actividades se pueden desarrollar tras el decreto que establece el cese de actividades no esenciales.
A este respecto, el Gobierno gallego trasladó el martes a la Delegación del Gobierno en Galicia una serie de actividades que se consideran esenciales y que serían compatibles con el decreto. Previamente, ya se había remitido cartas a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y al secretario general de Industria y la Pyme, Raül Blanco, sobre las dudas planteadas por sectores económicos gallegos.
