Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia han reprobado este viernes la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente, Carlos Lesmes, en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y recuerdan que el órgano de gobierno de los jueces no tienen competencias sobre los funcionarios de la Administración de Justicia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General del Trabajadores (UGT), la Confederación Intersindical Galega (CIG) y Euskal Sindikatua (ELA) han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que el CGPJ se ha «atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales».
Señalan que el órgano de gobierno de los jueces, en las acciones relativas con la gestión de la actividad judicial durante el estado de alarma por el coronavirus, por el que se han fijado la prestación de unos servicios esenciales, ha intentado «imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia«.
En este sentido, las seis organizaciones sindicales apuntan que los Comités de seguimiento del Covid-19 creados por parte de la Comisión Permanente del CGPJ en el seno de cada uno de los Tribunales Superior de Justicia carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en la gestión de los funcionarios de Justicia. Por tanto, aseguran que los acuerdos del Poder Judicial son «nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia».
Así, acusan a la Comisión Permanente de haber empleado una «táctica de sabotaje» para impedir que se cumplan las resoluciones del Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia.
«INJERENCIA» DEL CGPJ
Asimismo, denuncian que esta «injerencia» del CGPJ en este sentido está poniendo «en riesgo la salud de los miles de funcionarios de Justicia y de la ciudadanía en general» al pretender «obligar a desplazamientos y presencias innecesarias» en los juzgados, mientras que ha recomendado el teletrabajo para jueces y magistrados.
El CGPJ acordó el pasado 31 de marzo encargar a las mencionadas Comisiones de Seguimiento de los Tribunales Superior de Justicia que si constatan la dificultad de prestación de los servicios esenciales por falta de dotación de personal presencial, interesen de las Administraciones prestacionales «a la mayor urgencia la adopción de las decisiones oportunas para que la tutela judicial quede plenamente garantizada».
Todo ello a raíz de que el Ministerio de Justicia dictara una resolución para la adaptación del real decreto que paraliza la actividad no esencial para luchar contra la propagación del coronavirus, por lo que permitió que los funcionarios de la Administración de Justicia que no tengan por qué acudir al juzgado estén localizables en sus domicilios para incorporarse en su puesto de trabajo a la mayor brevedad posible para prestar cualquier actuación señalada como servicio esencial y que no pueda realizarse a distancia.
Por ello, las organizaciones sindicales consideran que el CGPJ ha emitido «juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia» sin ofrecer datos de cargas de trabajo.
OTRO CHOQUE CON EL CGPJ
Los sindicatos también recuperan un episodio anterior, que tuvo lugar en los primeros días del estado de alarma, el pasado 19 de marzo, cuando el órgano de gobierno de los jueces ya rechazó los planes de disponibilidad no presencial de funcionarios planteados por algunas comunidades autónomas, antes de que el Ministerio de Justicia asumiera todas las competencias para la gestión del personal en todo el territorio español–.
El CGPJ consideró que de este modo se impediría en la práctica la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos. Sobre este asunto, los sindicatos judiciales subrayan que el órgano que preside Lesmes «aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas», en las que, según dicen, «se les acusaba de falta de profesionalidad».
«Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos», agrega el comunicado. Con todo ello, piden al Ministerio de Justicia y a las Comunidades autónomas con competencias transferidas que «continúen poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ».
