La Junta de Extremadura ha recomendado a las personas que lleguen a la región procedentes de otras comunidades autónomas y «en particular, las que provienen de regiones con altas tasas de infección», que se sometan a «un régimen voluntario de cuarentena domiciliaria en su residencia de Extremadura durante un período de 14 días».
Así se recoge en una resolución del vicepresidente Segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que se publica este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y en la que se recuerda además que este desplazamiento supone el «incumpliendo el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma» ante la situación del Covid-19.
Por este motivo, añade que esta petición de «cuarentena voluntaria» se realiza sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que se derivaren del citado incumplimiento en materia de seguridad ciudadana», apunta.
Una resolución que se ha publicado después de que la Delegación del Gobierno en Extremadura haya puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad que «se están produciendo traslados no autorizados de personas que proceden de otras Comunidades Autónomas a Extremadura y que ocupan segundas residencias o las de familiares o allegados» en la región extremeña, lo cual «puede suponer un riesgo para la salud pública.
Señala que los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fecha 2 de abril de 2020 «parecen revelar que la cifra de nuevos contagios diarios en Extremadura tiene tendencia hacia la estabilización e incluso al descenso», por lo que en estos momentos «es muy importante evitar por todos los medios nuevas fuentes externas de posibles contagios».
NOTIFICAR LOS INCUMPLIMIENTOS
En ese sentido, señala esta resolución que por conducto de la Delegación del Gobierno, se dará traslado a las fuerzas de seguridad del Estado y a las policías locales «para que notifiquen a esta Autoridad Sanitaria los ciudadanos que hayan incumplido la presente recomendación»,con la identidad, procedencia y de las circunstancias del incumplimiento.
El objetivo es que «si a consecuencia del incumplimiento se hubiere producido un riesgo grave o muy grave para la salud pública», se adoptarían en ese caso las «medidas preventivas individualizadas que se consideren pertinentes en materia de salud pública y, en su caso, fueren impuestas las sanciones correspondientes en dicha materia».
En este punto recuerda que aquellas conductas que produzcan un riesgo grave o muy grave para la salud pública podrán conllevar, entre otras sanciones, la imposición de multas de hasta 60.000 o 600.000 euros, según la gravedad de la infracción, de conformidad con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública
