El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este martes que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una petición en la Asamblea de Extremadura para que se permita a los grupos políticos ejercer la labor de «control al Gobierno», que no se ha podido desarrollar por las medidas tomadas a consecuencia del estado de alarma por la crisis del Covid-19.
Una situación que se ha generado ante la «ley marcial» impuesta por el PSOE en la región y que pretende «silenciar» a la oposición «cerrando a cal y canto el Parlamento», ha señalado el dirigente del PP extremeño.
Así, en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago ha asegurado que ésta «situación excepcional» por la que atraviesa el país y la región «requiere medidas excepcionales» afirmando que la Junta de Extremadura está «aplicando la mayoría absoluta al pie de la letra» y sin «control parlamentario», tomando decisiones de carácter extraordinario que deberían tener un control por parte del poder legislativo también extraordinario.
Para Monago, Extremadura está viviendo una situación «nunca antes conocida» ya que la grave crisis sanitaria provocada por el Covid-19 «está teniendo una especial incidencia en nuestra región».
De este modo, ha expuesto que Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor índice de letalidad por Coronavirus, con un 11 por ciento, solo por detrás de la comunidad de Madrid, mientras que la media nacional se sitúa en el 9,7 por ciento, informa el PP en nota de prensa.
Así, ha explicado que el índice de letalidad es la proporción de personas que mata el virus entre los que han dado positivos, lo cual indica «la gravedad de la enfermedad», una cifra que aumenta en la provincia de Cáceres hasta un 14,1 por ciento por encima de la media nacional o de Italia, que es el país que más fallecidos contabiliza hasta el momento por el Covid-19.
«Fallecen más personas en Cáceres que en toda Galicia, con una población superior hasta en siete veces» y con índices de envejecimiento y dispersión muy similares, ha alertado Monago, quien ha lamentado que Extremadura es la «única comunidad autónoma» en la que el número de curados por Covid-19 es inferior al número de fallecidos.
VARA DEBE IR A LA ASAMBLEA
Con esta situación, el dirigente del PP extremeño ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «no puede esperar a que pase todo esto para comparecer en la Asamblea» y «debe ir ya» porque «aún estamos a tiempo de rectificar lo que haya que rectificar».
«Debe ir porque tenemos derecho a expresarle otra visión de los hechos y porque un gobierno sin control, es un gobierno abocado al fracaso», ha sentenciado.
Monago ha afirmado que el PSOE «no puede ampararse en su mayoría absoluta y en el estado de alarma para tomar decisiones sin rendir cuentas» ni «imponer medidas sin explicar sus causas y sus consecuencias en el Parlamento». Además, ha manifestado que, a pesar de que la Junta se comprometió a tener «total transparencia», no está facilitando la información que requieren los grupos políticos y que el informe que envían «cabe en un simple folio».
Así, ha señalado que «en un simple folio nos envían lo que pasa en cada pueblo, en cada hospital o en cada residencia de mayores», algo que ha considerado como un «desprecio a la oposición», por lo que ha señalado que que el estado de alarma puede conllevar medidas de restricción o limitación de la actividad parlamentaria pero eso no supone «la llave para cerrar el Parlamento».
De este modo, ha expuesto que los dos parlamentos autonómicos que más restricciones están estableciendo al control al gobierno «son, precisamente, las dos únicas comunidades con mayoría absoluta del PSOE», Castilla la Mancha y Extremadura, y ha recordado que otros presidentes autonómicos ya han comparecido en sus respectivos parlamentos e, incluso, el consejero de Sanidad extremeño compareció ante la diputación permanente cuando ya estaba establecido el estado de alarma, por lo que no entiende el rechazo de Fernández Vara a hacerlo.
«Extremadura no debe ser recordada por haber secuestrado la palabra» ha sentenciado, finalizando que «esta situación no es admisible en democracia», ha concluido.
