El Gobierno ha asegurado a Junts per Cat que «no se opone, de ninguna manera, a que la Generalitat impulse la proyección de Cataluña en el exterior» pero que «sí se opone y se opondrá a que lo haga vulnerando los principios constitucionales y legales que deben ser observados».
Así lo afirma el Ejecutivo en respuesta a una serie de preguntas que registró en el Congreso la diputada de Junts Miriam Noguera, que acusaba al Gobierno de oponerse a esta proyección exterior y le preguntaba por qué se opone solo a la apertura de delegaciones en el exterior de la Generalitat, y no de otras comunidades autónomas.
En una respuesta fechada el 18 de marzo, el Gobierno responde señalando que «es falso afirmar una diferencia de trato hacia Cataluña en relación con otras comunidades autónomas», porque lo que sucede es que «estas otras comunidades autónomas no incurren en vulneraciones de las leyes en vigor cuando se proyectan hacia el exterior».
Si otras comunidades también lo hicieran, añade la respuesta del Ejecutivo, «el Gobierno actuaría, como es lógico, en defensa del ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho» dice la respuesta.
El Gobierno reconoce que el derecho de la Generalitat a proyectarse en el exterior está reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 16/2014 de la Generalitat y en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, pero añade que ese derecho «tiene límites constitucionales y legales, como los tiene el ejercicio de cualquier derecho».
La diputada también preguntaba por qué el Gobierno se opuso, pasado otoño, a que la Generalitat abriese delegaciones en Argentina, México y Túnez. El Ejecutivo logró en aquella ocasión que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña paralizase cautelarmente esas oficinas.
El Gobierno recuerda a Nogueras que la propia Generalitat derogó los decretos de creación de dichas delegaciones y los sustituyó por otros en los que incorporó las observaciones de Exteriores, así que el Gobierno no los impugnó.
Las preguntas de Junts se presentaron a principios de febrero, cuando Exteriores ya había dado luz verde a estas delegaciones de la Generalitat y tampoco se había opuesto a los decretos de consolidación de otras seis (en París, Londres, Berlín, Roma, Ginebra y Washington).
No obstante, el nuevo Gobierno de Sánchez y el independentismo catalán ya habían tenido un primer choque por la acción exterior, al hilo de la visita a Islandia del vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que viajó sin informar a Exteriores, como establece la Ley de Acción Exterior, y protestó cuando a sus reuniones con autoridades del país se sumó la encargada de negocios española.
