La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido al Estado, en la reunión semanal mantenida telemáticamente con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y los presidentes de las comunidades autónomas «participar en los controles de puertos y aeropuertos cuando sea el momento de la desescalada del confinamiento.»
Según ha informado Armengol en una rueda de prensa telemática desde el Consolat de Mar, «esta solicitud sigue la línea emprendida por el Govern de apostar por un confinamiento más estricto porque lo primero era y sigue siendo proteger la salud de las personas.»
Al respecto, ha insistido en su solicitud de «mantener el control de las entradas a los puertos y aeropuertos, también sanitariamente» durante un futuro escenario de desconfinamiento.
Asimismo, ha recordado que «la semana pasada ya se solicitó al Gobierno que un profesional experto de Baleares pudiera participar en las decisiones sobre la desescalada del confinamiento cuando sea el momento. El Gobierno central ha anunciado que esta próxima semana se convocará a esta comisión de expertos.» El epidemiólogo del Área de Salud de Menorca Matías Torrent será quien participe por parte de esta comunidad autónoma.
También, Armengol ha reiterado al Estado su solicitud de proteger a familias y trabajadores para, ha enfatizado, «que no quede nadie atrás.» En esta línea, ha reiterado que «cuantas más empresas puedan acogerse a los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) más protección.»
Igualmente, ha reclamado al Gobierno «discutir entre el Estado y las CCAA dónde y cómo invertir los recursos de la Unión Europea», tras un primera acuerdo que puede ser, ha señalado, «una válvula de salida para países como España y comunidades como Baleares.»
Con todo, ha insistido, de nuevo, en que «se habilite un fondo específico para que las CCAA, ayuntamientos y consejos insulares puedan hacer frente a la pandemia.»
En esta línea ha adelantado que esta semana el Ministerio de Hacienda se reunirá con las consellerías del área donde se trasladará de nuevo la posibilidad que Consells insulares y Ayuntamientos puedan gastar los remanentes de que disponen sin límite, que las comunidades puedan recibir un fondo de inversión específico, que se permitan deudas extraordinarias y que se levanten las reglas presupuestarias.
