Un total de 112 colectivos y organizaciones han exigido en una carta remitida al Gobierno la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que se han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus.
Entidades antirracistas coordinadas a nivel estatal han reclamado «igualdad de derechos para todas las personas migrantes y refugiadas en esta crisis sanitaria». Según calculan, hay alrededor de 600.000 personas migrantes sin papeles que, al quedar fuera de las medidas ante el COVID-19, ven agravadas «aun más» sus condiciones de vida.
Por ello, a través de una misiva piden al Ejecutivo «una regularización urgente, amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en el territorio español». También han pedido la liberación inmediata de todas las personas internas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, así como el cierre definitivo y permanente de estos centros.
Desde el Gobierno se pide que este virus lo paremos unidas y esto no será posible si hay una parte de la población en las condiciones de desigualdad en la que se encuentran las personas en situación administrativa irregular», sostienen las entidades firmantes.
Estas organizaciones han denunciado que la crisis por el coronavirus «ha puesto en evidencia, por una parte, los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitarios, sociales, laborales y económicos». Por otro lado, constata «el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro de ellas la población migrante sin papeles».
«La crisis por el Covid-19 nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social», ha asegurado Lamine Sarr, miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que forma parte de esta campaña.
«Desde el Gobierno, dicen que no van a dejar a nadie atrás pero nos han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social, así que hemos puesto en marcha un banco de alimentos que nos ayudará a cubrir algunas de las necesidades básicas de más de 340 familias», ha añadido.
Por otra parte, desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla Kenia García ha lamentado las consecuencias de carecer de documentación en regla. «El colectivo de trabajadoras sexuales se encuentra, hoy más que nunca con la crisis sanitaria, en los márgenes de los márgenes porque no está reconocido como trabajo dejándonos fuera del sistema», ha apostillado.
Además, ha afirmado que las prostitutas sufren «violencia social e institucional que se agudiza más con una situación administrativa irregular viviendo con angustia a ser deportadas, sin acceso a vivienda, sanidad y sin derechos». «Desde la exclusión no tenemos herramientas para hacer frente a los abusos y explotación. No somos víctimas ni vulnerables, somos personas con los derechos humanos y fundamentales vulnerados», ha agregado.
LAS MEDIDAS HASTA AHORA «NO LES HAN TENIDO EN CUENTA»
Estos colectivos de migrantes señalan que desde el inicio del Estado de Alarma «las propuestas del Gobierno no les han tenido en cuenta» y las que se han ido tomando responden «a un carácter instrumentalista y mercantilista de regularización selectiva». Se refieren en concreto a la medida para incorporar mano de obra en el sector agrario para evitar el posible desabastecimiento de alimentos durante esta crisis.
«Es necesaria una regularización de todas para poder ejercer el derecho a la movilidad y tener la posibilidad de ocupar cualquier puesto de trabajo y no solo los que no quieren las personas privilegiadas, como son la recogida de fruta, el cuidado de ancianos o la limpieza», ha asegurado Sarr.
Por su parte, la portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Edith Espinola, ha afirmado que el Estado tiene «naturalizado» que su estado de bienestar y conciliación de vida «se debe seguir sosteniendo sobre la apropiación de la vida de mujeres del sur global, explotadas y abusadas para brindar servicios, cuidados y recolectar alimentos, siempre en la economía sumergida, sin derechos y explotadas».
«Las asociaciones de trabajadoras del hogar estamos aquí para demandar el fin del trabajo esclavo y la regularización inmediata de las personas migrantes que reduciría su situación de vulnerabilidad», ha manifestado.
En este mismo sentido se ha pronunciado Dolores Jacinto, representante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHYC), de Valencia. «El 40 por ciento de las trabajadoras del hogar y los cuidados trabaja en la economía sumergida. Muchos de los empleadores no quieren hacerse cargo de los derechos que actualmente tiene reconocido el sector, por lo tanto, prefieren contratar a alguien que esté todavía sin documentación para poderse ahorrar una parte», ha lamentado.
Así, desde AIPHYC sostienen que la regularización de las personas migrantes «es necesaria para que los derechos dejen de ser un privilegio de unos pocos y algo inalcanzable para otras».
