El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha reprochado este miércoles al Gobierno central el «ataque a la autonomía» de Andalucía al abrir la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley de la Junta de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva «mientras pide desescalar» la tensión política a nivel nacional.
Así lo ha señalado en preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, junto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Bendodo ha recordado que este «superdecreto», que modifica 21 leyes, seis decretos y simplifica unos cien trámites, viene a «facilitar la vida a la gente» y la «inversión en Andalucía». «Esto es una buena noticia», ha subrayado.
No obstante, ha reprochado la forma «peculiar» que tiene el Gobierno presidido por Pedro Sánchez de entender «la desescalada» de la tensión política que pedía a nivel de país. «Si quiere rebajar la tensión política lo que hace es atacar a Andalucía», ha lamentado.
En este sentido, el portavoz del Gobierno andaluz ha criticado que «no hubo ni una llamada, ni una advertencia, ni se planteó en la última Conferencia de Presidentes». «Se piden pactos de Estado, pero nosotros pedimos lealtad», ha insistido.
De esta manera, ha defendido que «las formas hay que cuidarlas» y ha insistido en «la peculiar forma» de pedir la «desescalada» de la tensión política «atacando la autonomía de Andalucía» teniendo en cuenta que este decreto, según ha explicado, «pretende simplificar los trámites administrativos y facilitar la vida a la gente.
Por último, Bendodo ha dicho no entender «la motivación real ni el impulso que se ha dado desde el Ejecutivo central para solicitar el informe al Consejo de Estado previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional».
En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma andaluza. La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.
En detalle, el Gobierno quiere impugnar el precepto del decreto que modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, por entender que vulnera las competencias estatales en defensa de los bienes culturales y contra la expoliación que están recogidas en el artículo 149 de la Constitución española.
