viernes, 18 junio 2021 06:47

Asociación de víctimas acusa contra el delegado del Gobierno por el 8-M

La recién creada asociación Afectados por la Gestión del Coronavirus ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid su personación como acusación en la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, como la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

Aunque esta petición ya se registró hace unos días en el juzgado, este miércoles se ha vuelto a presentar a través de la plataforma Lexnet, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma consensuada con el Ministerio de Justicia, acordase permitir, a partir del 15 de abril, la presentación de escritos de forma telemática desde el inicio del estado de alarma, según han informado fuentes de la asociación a Europa Press.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que la Afectados por la Gestión del Coronavirus quiere adherirse como asociación de víctimas a la denuncia interpuesta por el presidente de la misma, el abogado Víctor Valladares, porque los cerca de 10.000 personas que la respaldan son “perjudicados directamente por la citada gestión, bien porque se hallan infectadas por el virus o lo han estado, bien porque tienen un familiar en primer grado que ha fallecido como consecuencia de ello”.

Valladares también interpuso una denuncia en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un delito de prevaricación administrativa por desoír las advertencias que días antes hizo el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por el Covid-19 y permitir manifestaciones multitudinarias. Fuentes de la asociación han asegurado que también solicitarán su personación en esta causa si el alto tribunal decide investigar.

Hasta el momento, sólo la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado incoar diligencias previas con respecto a José Manuel Franco por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

BATERÍA DE DILIGENCIAS

Asimismo, ordenó la práctica de una batería de diligencias para esclarecer si éste o el Gobierno conocían de las advertencias de riesgo y si se dio algún tipo de instrucción o indicación para que las concentraciones que tuvieron lugar entre el 5 y el 14 de marzo –día que se declaró el estado de alarma– se celebraran sin restricción alguna.

En su escrito, la asociación solicita además la practica de entro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, para que ratifique el informe elaborado el pasado 6 de marzo, junto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios, que alertaba de “sobre los peligros de expansión del coronavirus y las medidas que convenía tomar”.

Un documento que también se interesa que se pida al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para comprobar que éste afirmaba que “la vía de transmisión (…) se producía principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de cinco micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta dos metros) y las manos”.

Del mismo modo, se pide que se remita el ‘Comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el período de epidemia de Covid-19’, elaborado en la misma fecha por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación Pilar Aparicio Azcárraga, cuya testifical también se pide para que corrobore de que en dicho documento se recomendaba “el aplazamiento de los eventos multitudinarios de cualquier tipo o en su caso la suspensión”.

Por último, propone la citación como testigo del exjefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto González, que fue cesado por el Director General de la Policía el mismo día que se declaró el estado de alarma, para que explique el informe del pasado 24 de enero que “alertaba sobre la gravedad de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus”.