Amnistía Internacional ha señalado cuatro áreas de atención que debe tener en cuenta el Gobierno, al cumplirse un mes de la declaración del Estado de alarma por la pandemia del Covid-19. Desde la organización, piden al Ejecutivo «protección adecuada para las mujeres víctimas de violencia de género, respeto a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, refuerzo de las medidas de protección para personal sanitario y una vigilancia online acorde con las normas internacionales».
Para Amnistía Internacional, el Gobierno debe tener en cuenta estas cuatro áreas «para poder superar esta crisis ocupándose de todas las personas». «No nos podemos permitir olvidarnos de nadie durante esta pandemia, ni mucho menos de quienes corren mayores riesgos económicos o sociales como consecuencia del coronavirus», ha señalado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Por un lado, la organización reclama proteger a las mujeres víctimas de violencia de género que en estos momentos pueden estar confinadas con sus agresores y por lo tanto ven reducida su capacidad de comunicación con el exterior.
Para la organización, «es urgente que se dé información más detallada sobre el funcionamiento del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la Crisis de la COVID-19». También ha reclamado más detalle de la coordinación entre las distintas administraciones públicas y las medidas que se están adoptando.
«Desgraciadamente, durante este periodo de confinamiento al menos dos mujeres (y una tercera en investigación) han sido asesinadas a manos de sus parejas, un total de 18 en lo que va de año. Y muchas pueden estar viviendo un auténtico infierno. Necesitamos hacer todo lo posible por protegerlas», ha asegurado la responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
Por otro lado, Amnistía Internacional ha recordado que la pandemia ha provocado una importante bajada en el número de llegadas de personas migrantes a las costas españolas del Estrecho, aunque han aumentado las llegadas a las islas Canarias. Al respecto, ha incidido en que sus derechos «no quedan paralizados como consecuencia de la crisis sanitaria».
Así, la organización ha pedido que no se incoe ningún procedimiento sancionador o devolución si no puede garantizarse una adecuada asistencia letrada. Asimismo, ha recordado que deben adoptarse las garantías pertinentes para asegurar esta asistencia.
«Nos preocupa que, debido a las medidas de confinamiento que implican un menor número de abogados disponibles, las personas migrantes y refugiadas puedan estar teniendo un menor acceso a una asistencia letrada a la que tienen derecho», ha lamentado Virginia Álvarez.
También ha denunciado la situación del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, «ahora mismo hacinado y sin las condiciones necesarias para garantizar las salud de las personas que están en él».
La organización valora las medidas de higiene y protección que se han tomado con los y las profesionales del CETI, pero lamenta que los y las residentes del centro puedan no estar teniendo acceso a esos mismos materiales y a las medidas de distanciamiento necesarias en un espacio que se encuentra ahora mismo lleno con el doble de personas de su capacidad.
Un total de 1.655 personas se encuentran en un centro que normalmente tiene una capacidad para 580 personas, aunque ahora Interior asegura que tras los últimos acontecimientos las plazas se han ampliado mediante la instalación de unas carpas hasta llegar a una capacidad de 782. Desde Amnistía Internacional llevan semanas reclamando que se agilicen los traslados a la península.
VIGILANCIA A CIUDADANOS SOLO PARA GARANTIZAR LA SALUD
Por otra parte, sobre la posibilidad de usar aplicaciones tecnológicas a través de los teléfonos móviles para hacer seguimiento de las personas afectadas por el coronavirus, Amnistía Internacional ha advertido de que la recopilación y el uso de datos personales durante la pandemia de Covid-19 deben utilizarse «con el único fin de responder y vencer a esta crisis».
«La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones para salvar vidas y contener la pandemia, además de ayudar a difundir mensajes de salud pública o aumentar el acceso a los servicios de salud», ha dicho Álvarez. Eso sí, sostiene que «deben ser establecidas previamente por ley, estar sometidas a mecanismos externos de supervisión independientes y al control judicial, y deben ser necesarias, proporcionales y justificadas para objetivos legítimos de salud pública».
Así, ha insistido en que en caso de que se lleguen a ampliar las medidas de seguimiento y vigilancia «deben aplicarse con transparencia y supervisión adecuada, deben ser lo menos intrusivas posible y deben estar limitadas en el tiempo, solo hasta que sea estrictamente necesario para contribuir a acabar con la expansión del virus». «En ningún caso la pandemia puede convertirse en una carta blanca para que los Gobiernos extiendan la vigilancia masiva sobre la población», advierte Álvarez.
Además, la organización exige que la manera en que se recopile la información en estas aplicaciones móviles, y cómo sea procesada, analizada, utilizada y compartida eventualmente con terceros sea totalmente transparente, tanto durante la pandemia como posteriormente.
EL PERSONAL SANITARIO, SIN PROTECCIÓN SUFICIENTE
Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la situación en la que se encuentra el personal sanitario, con más de 25.000 contagiados y 26 fallecidos. Un mes después de la declaración del estado de alarma, los profesionales de la salud siguen sin contar con materiales de protección en cantidad y calidad suficiente, según ha denunciado.
La organización ha lamentado además que el personal sanitario no está teniendo acceso de manera generalizada a test de detección, a pesar de que éste es un sector prioritario que debería acceder a una prueba que confirme si están contagiados o no. Además, ha defendido que en el caso de contagio, deben ser retiradas del servicio que efectúan.
