El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio ante el «cierre» de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) con motivo de la crisis del coronavirus, para conocer los criterios de dicha suspensión y las medidas que se adoptarán en el supuesto de que el Gobierno Central acuerde nuevas prórrogas del estado de alarma.
Maeztu señala que han sido ya varias las quejas y opiniones sobre «los graves problemas que acarrea» el cierre de estos servicios, que se convierten «en espacio de referencia para la comunicación de los progenitores y sus familias con los hijos sometidos a sistemas de custodia compartida y donde, por decisión judicial, se debe producir la puesta a disposición de los menores de un progenitor a otro, que asume su plazo o tiempo de custodia».
Incluso son los servicios que «hacen posible el encuentro de progenitor no custodio para poder ver y relacionarse con los hijos cuando no está autorizado al ejercicio de esa custodia domiciliaria» y permiten «desplegar» una serie de medidas e intervenciones con progenitores y menores en un escenario de conflicto intra-familiar, señala en un comunicado la institución.
Así, Maeztu destaca que «tampoco se debe olvidar el significativo papel que este servicio desempeña en los casos de violencia de género, donde el contacto entre los progenitores resulta de imposible cumplimento por la existencia de órdenes de alejamiento». Y añade que hay varios colectivos que se han dirigido a la institución para hacerla partícipe «de su malestar por la posible situación de indefensión en la que podrían encontrarse algunos menores que permanecen con el progenitor maltratador tras la declaración del estado de alarma».
Por tanto, el Defensor expresa que «nos situamos ante un delicado escenario en el que se producen los servicios del PEF, cuyos protagonistas principales, en cuanto menores de edad, aspiran a ver garantizadas las condiciones de relación que han sido previamente definidas por la autoridad judicial competente».
Por estas razones, considera «oportuna» esta actuación ante la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, solicitando el correspondiente informe para conocer los criterios seguidos para suspender los servicios de los PEF, así como las medidas a adoptar en el supuesto de que se acuerden por el Gobierno de la Nación nuevas prórrogas del estado de alarma.
Por otro lado, la Defensoría solicita también información sobre las medidas, disposiciones o acuerdos que se establezcan para la prestación de estos servicios «en los supuestos de existencia de violencia de género, en orden a dar cumplimiento a las medidas fijadas por la autoridad judicial».
