El grupo parlamentario de Vox quiere que el Congreso investigue los contratos formalizados por la Administración Pública para la adquisición de material o la realización de prestación de servicios durante la crisis del coronavirus, así como las órdenes de pago emitidas por éstas o por entidades del sector público estatal, dado que al formalizarse por el procedimiento de urgencia no tienen las mismas condiciones de publicidad que los ordinarios.
Con ese objetivo, los de Santiago Abascal han registrado este viernes en la Cámara Baja la creación de «una subcomisión de investigación» en el seno de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática que espera que apoyen el resto de grupos parlamentarios porque, a su juicio, «no se entendería la obstrucción de este mecanismo de control que sólo busca la transparencia exigible a la Administración Pública».
En el escrito, recogido por Europa Press, la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, justifica esta petición ante la «inequívoca» voluntad del Gobierno de «sustraerse» al control parlamentario y ciudadano de su actuación desde el inicio de la crisis y «de ocultar la mayor cantidad de información posible».
En este sentido, recuerda que desde el 26 de febrero y hasta el 15 de abril «no se han llevado a cabo sesiones de control al Gobierno», que el Portal de Transparencia ha quedado «inutilizado» o que el Ministerio del Interior haya anunciado su intención de «monitorizar» las redes sociales para «comprobar» algunos discursos «peligrosos o delictivos» así como para «controlar y eliminar» las «campañas de desinformación».
LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA «NO ES UN CHEQUE EN BLANCO»
Pero, además, y respecto a la contratación pública, Olona señala que el hecho de que durante este estado de alarma derivado del coronavirus se le haya dado al Gobierno poderes para la contratación de emergencia no supone que esta acción, regulada en la Ley de Contratos del Sector Público, le exonere de cumplir con «el régimen de publicidad y transparencia que resulta aplicable a todos los contratos del sector público» ni, en particular, de la «obligación de publicar la licitación en el Perfil del Contratante».
«No es admisible que el Gobierno se acoja a este régimen extraordinario para no informar a través de su portal de contratación de las licitaciones selladas por el Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma. La contratación de emergencia ante el coronavirus no puede ser, en ningún caso, un cheque blanco al Gobierno», subraya.
En este sentido, la ‘número dos’ de Vox en el Congreso tacha de «inadmisible» que en el período en que un Ejecutivo ha concentrado «el mayor poder posible en la historia de la democracia española», éste realice «maniobras para escapar del legítimo control y de la rendición de cuentas».
De ahí que Vox reclame la puesta en marcha de una subcomisión para que analice «todos los expedientes administrativos o contratos formalizados por la Administración pública para la adquisición de material o la realización de prestación de servicios» en la emergencia Covid-19 y que examine las «órdenes de pago y facturas emitidas por las mismas Administraciones públicas o por entidades del sector público estatal».
