El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha enumerado este miércoles en el Pleno del Congreso las medidas que ha tomado su departamento en relación con las residencias de mayores durante la crisis sanitaria del Covid19, defendiendo su gestión en esta materia de las críticas de PP, que le ha acusado de hacer «todo mal».
El líder de Podemos ha sido cuestionado por la diputada ‘popular’ María García, quien ha lamentado que la vicepresidencia segunda mantuviera entre el 5 y el 29 de marzo un protocolo para estos centros que, a su juicio, «se quedó desfasado» según iba avanzando la pandemia. A su juicio, las órdenes y guías que puso en marcha Iglesias contenían medidas «difíciles de cumplir» porque el vicepresidente «olvidó» que estas residencias «no son hospitales, sino hogares».
García ha recriminado a Iglesias que permitiera que el personal de estos centros continuara trabajando a pesar de los contagios y que no actualizara las medidas sabiendo que «el 49% de las residencias, por tamaño, tiene problemas para aislar» a los residentes contagiados. «Y cinco semanas después siguen sin llegar los equipos de protección y los test», ha declarado, antes de señalar que «es difícil» la situación que está viviendo el país, pero «aún más difícil es hacerlo todo mal».
El vicepresidente, por su parte, ha respondido que su labor ha sido «declarar esenciales» estos centros para que «tengan la misma consideración que los hospitales» y sus profesionales «la de los sanitarios». Esto implica, según ha indicado, que son un grupo prioritario a la hora de recibir material y protección, además de estar incluidos dentro del colectivo con flexibilidad para la contratación ante la crisis. Además, ha indicado que se han destinado 300 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan afrontar estas nuevas contrataciones.
Esta crisis ha puesto encima de la mesa los recortes, la privatización y las condiciones de precariedad de los servicios sociales», ha declarado el vicepresidente segundo, antes de señalar que, «ojalá» el PP llegara a un acuerdo con el Gobierno para que «nunca más se recorte o de privaticen» estos servicios y «se ponga en riesgo la vida de los mayores».
