El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves su política de multas en el estado de alarma por el Covid-19 frente a la tesis de la Abogacía del Estado y se ha quejado de «filtraciones» de documentos confidenciales sobre la monitorización de redes sociales para detectar bulos, subrayando en varias ocasiones que no se cuestiona la libertad de expresión ni tampoco hay persecución política.
Durante la Comisión de Interior en el Congreso, varios grupos le han preguntado sobre una información de eldiario.es a propósito de informes de la Unidad de Ciberseguridad de la Guardia Civil remitidos cada día al Ministerio del Interior en los que se incluyen algunos mensajes en redes sociales de partidos políticos o críticas ciudadanas a la actuación de las Fuerzas de Seguridad.
Este jueves la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado que, tras la polémica con el general José Manuel Santiago por el trabajo para «minimizar críticas a la gestión del Gobierno» –luego matizado por este mando–, se haya conocido que se incluyó en uno de los informes una publicación suya sobre el número de agentes contagiados por Covid-19 destinados en la prisión de Herrera de la Mancha.
«Evidentemente he pedido una información. Porque es una filtración, no es un documento por decirlo secreto, es un documento de trabajo y aunque no sea secreto hay una confidencialidad y una lealtad institucional», ha señalado Grande-Marlaska en referencia a este tema.
«No es perseguir la libertad de expresión sino aquello que genera alarma o estrés social y puede ser muy peligroso», ha indicado antes de terciar: «Yo no veo a la Policía Nacional o la Guardia Civil cumpliendo una hipotética orden ilegal». «No hay persecución política, lo he dicho por activa y por pasiva. La desinformación está en la propia estrategia de seguridad nacional, en la nuestra y en la de muchos países», ha matizado.
USO DE LA ‘LEY MORDAZA’
El ministro del Interior ha reiterado que la monitorización de redes sociales se dirige a «desaprensivos» y que lo mismo se hace con la política de multas de los que no cumplen las restricciones del estado de alarma, aplicando a Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ‘ley mordaza’ que, ha reiterado, será derogada aunque habrá artículos que perdurarán como el 36.6 actual, que es el que se usa para tramitar por multas por desobediencia a la autoridad.
En este sentido se ha referido a las «diferencias» surgidas dentro de la Abogacía General del Estado sobre si para tramitar una multa hace falta la advertencia expresa de un agente y sobre si se debe usar mejor la Ley de Seguridad Pública. Grande-Marlaska ha dicho que, aunque «se puede equivocar», él entiende que se está tramitando las sanciones de forma correcta.
En su opinión, la aprobación por el Consejo de Ministros del real decreto del estado de alarma, su publicación en el BOE, la validación por el Congreso y su difusión en los medios de comunicación es suficiente advertencia para proceder a multar a aquellos ciudadanos que no respeten las restricciones de movilidad. «¿Cómo que se lo tengo que reiterar?», se ha preguntado, admitiendo que «otra cosa es luego», en el trámite administrativo o el recurso del afectado, «si había una justificación o no».
«No en todas tiene que haber propuesta de sanción o igual el relato del agente no es correcto», ha añadido, relativizando además que las más de 600.000 propuestas de sanción sean muchas «si se divide por días y provincias» o se tienen en cuenta que «muchas» –no ha dicho cifra– son de ciudadanos reincidentes.
DESLEALTAD DE MANDO POLICIAL CESADO
En su comparecencia ha defendido que desde enero la Policía y la Guardia Civil han contado con los equipos de protección «necesarios» y que ahora, incluso, hay «reserva estratégica» de materiales como mascarillas y guantes. Además, ha justificado el cese del jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía por su «absoluta deslealtad», al difundir un borrador antes de su aprobación definitiva.
Aunque ha dicho que no le gusta realizar comparaciones con otros gobiernos, se ha remontado a 2017 para hablar del referéndum del 1-O y la situación en la que se desplazaron y convivieron los policías a Cataluña. También se ha permitido «hacer un poco de política» al sostener que antes del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, «por lo único que se preguntaba era por la vicepresidenta venezolana», en alusión al encuentro de Delcy Rodríguez y el ministro José Luis Ábalos.
