La Asociación del Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid que investigue qué ha hecho el Gobierno regional con los 300.000 test rápidos recibidos por parte del Ministerio de Sanidad al utilizar solo 18.000, ha informado la asociación en un comunicado.
En una carta dirigida al fiscal superior, Jesús Caballero Flink, la presidente del Defensor del Paciente, Carmen Flores hace alusión a las quejas que están recibiendo de «personal y posibles afectados» en referencia a una información publicada el pasado 23 de abril por la Cadena Ser.
Por ello, Flores solicita «una investigación e intervención por una dejación de funciones incumpliendo con la obligatoriedad de hacer los test a personal de riesgo como son ancianos», lo que considera «muy grave» y por lo que exigen que se depuren responsabilidades .
La solicitud está fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los que «por su cargo profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».
