El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han protagonizado esta última semana varios enfrentamientos con motivo de la condena de la diputada de la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos Isabel Serra. La candidata ha sido sentenciada a 19 meses de cárcel por delitos cometidos durante la paralización de un desahucio, lo que le ha valido a Podemos para atacar en bloque al Consejo General del Poder Judicial. El órgano de los jueces emitió un comunicado recordándole a Iglesias su posición y la falta de decoro que supone que alguien del Gobierno criticara al poder judicial. Iglesias habló de «ilegitimidad» del Consejo y ahora el CGPJ ha vuelto a contestar. Pero de una forma más contundente.
Iglesias debería mantener una actitud más prudente al formar parte del Gobierno. Al menos es la opinión del CGPJ, tal y como se refleja en el comunicado que emitió tras las duras palabras del líder de Unidas Podemos en referencia a la sentencia. Ahora, la decana de los Juzgados de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha contestado a Iglesias en una entrevista al diario El Independiente. «Si con esto trata de amedrentar al Poder Judicial o pretender que se dicten las resoluciones en un sentido u otro dependiendo del político para evitar su crítica, creo que no conoce a los jueces», ha asegurado.
«En la sesión de investidura ya nos marcaron el camino de cuál sería la posición de los socios de Gobierno respecto de los jueces. Se habló de fascismo con toga», ha recordado del Barco en la entrevista. Una opinión muy compartida en las altas instancias del Consejo.
Iglesias ha querido rodearse del manto de la libertad de expresión para justificar sus críticas a la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha condenado a Isa Serra a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación por varios delitos. Al mismo tiempo, algunos juristas, como los magistrados eméritos del Supremo como Jordi Agustí, Fernando Salinas y José Manuel Martín Pallín, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también se sumaron al equipo del líder de Unidas Podemos y publicaron un manifiesto en el que dejaban claro su apoyo a Iglesias.
Sin embargo, desde el CGPJ la percepción es bien distinta. El órgano de los jueces entiende que las declaraciones están fuera de lugar no porque disienta de la sentencia, sino porque Iglesias forma parte del Gobierno. Y esta institución debe respetar a otras que formen parte de los poderes fundamentales. En resumen, que no es de recibo que el poder ejecutivo declare a viva voz que una sentencia emitida por el poder judicial es «injusta» o que se viertan dudas sobre la imparcialidad de los jueces a la hora de hacer su trabajo y desempeñar la labor para la que se han preparado.
Pero Iglesias no solo trató de deslegitimar al juez que emitió la sentencia por su contenido. También pasó al ataque con todo el CGPJ y permitió que desde su partido se vertieran opiniones que apuntaban a la «ilegitimidad» de la cúpula del Consejo porque se encuentra todavía en funciones. Poco le importaron las declaraciones del propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en las que instaba a los partidos a renovar de una vez la cúpula del Consejo.
Y menos le importó a Podemos que hubiera históricos socialistas entre los firmantes del manifiesto que emitió el Consejo General del Poder Judicial para resaltar su desacuerdo con la actitud del vicepresidente; pues también señalaron el presunto pasado conservador del presidente del Tribunal Supremo.
«No solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia», decían desde el Consejo. Y el portavoz de Podemos en el Congreso contestaba atacando directamente a los firmantes, no al contenido: “Ocho años alto cargo en gobiernos de Aznar. Habitual de bien pagados cursos en FAES. Casi 17 meses en funciones nombrando decenas de jueces afines al PP mientras Casado, bloquea la renovación del CGPJ. Lecciones de pulcritud democrática, las justas”.
