Ecologistas en Acción, GRAMA, El Soto y ARBA han criticado la aprobación de licencias extraordinarias de cazas de algunas especies durante este estado de alarma aprobadas recientemente por la Comunidad de Madrid y temen que este año, por la excepcionalidad en la que vivimos, «la actividad cinegética en época de cría se convierta en una masacre por las dificultades para ser controlada por la guardería forestal y por la ciudadanía que sigue confinada en sus casas».
Hoy está convocada una reunión de urgencia de la Sección de caza del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad. Dentro del orden del día se encuentra la autorización para permitir la caza fuera del periodo hábil y en época de cría. Pero la resolución que lo permite ya está aprobada y publicada.
«Es una burla a todos los miembros de este órgano consultivo, afirman estas organizaciones, que han mostrado su «hartazgo, cansancio e impotencia ante la opacidad en la gestión de la caza y el desprecio a la conservación que representa la Consejería de Medio Ambiente».
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de ayer martes se publicaba la Resolución de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por la que se declaran las comarcas forestales del este, sur y oeste de la región de emergencia cinegética y se establecen medidas extraordinarias para el control de especies cinegéticas en la Comunidad de Madrid.
En total se podrán cazar jabalíes, conejos y palomas, todos los días de la semana en una superficie de 481.841 hectáreas, «lo que supone el 60 por ciento del territorio madrileño». Dentro de las zonas declaradas de emergencia cinegética se encuentran zonas de alto valor*natural que albergan especies de fauna protegidas: el Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama, el Parque Regional del Sureste y los espacios protegidos Red Natura Encinares de los ríos Alberche y Cofio, al oeste de la región y las Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, al este de la región», apuntan.
Según explican los ecologistas, las estepas cerealistas del este, junto a las extensiones del sur, localizadas en el entorno de Torrejón de Velasco, albergan las principales poblaciones de aves esteparias (avutarda, sisón, aguiluchos cenizo y pálido, cernícalo primilla, etc), que se encuentran en una situación complicada de conservación. «La actividad cinegética en los cultivos que son sus lugares de cría puede afectar muy negativamente su reproducción», alertan.
La época hábil para las especies de caza menor como el conejo y la paloma finalizó el 31 de enero y para el jabalí (caza mayor) terminó el 21 de febrero. La declaración del estado de alerta entró en vigor el 14 de marzo, por tanto no afectó a la actividad cinegética de estas especies. La época hábil de caza finaliza en las fechas en las que comienza el periodo de cría de la fauna.
Sin embargo, todos los años, fuera del periodo hábil de caza la Consejería de Medio Ambiente concede permisos extraordinarios que se justifican por daños a cultivos o transmisión de plagas y enfermedades, derivados de la alta densidad de animales de algunas poblaciones.
«Estos permisos extraodinarios, en muchos casos son sólo una excusa para prolongar la temporada cinegética. De hecho, sólo en el Parque del Sureste, una de las comarcas declarada de emergencia cinegética, se abaten todos los años una media de 350 zorros, el mejor controlador natural de las poblaciones de conejo, y se hace con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente», critican.
Las organizaciones ecologistas aseguran que los gestores ambientales nunca han presentado datos que acrediten esos supuestos daños y «en los últimos años se niegan, incluso a facilitar datos de capturas de los cotos de caza y los planes de aprovechamiento cinegético, lo que impide conocer la realidad de lo que sucede en*los cotos madrileños».
«Por tanto, lo que ahora se pretende, desde la Dirección General de Biodiversidad es privilegiar y sacar del confinamiento la actividad cinegética que al tratarse de ocio y recreo se encuentra suspendida por la declaración de alerta sanitaria. Al enmascararse bajo control de poblaciones para evitar daños a los cultivos o enfermedades que nunca se demuestran se considera como una actividad vinculada al sector agropecuario y pierde su carácter recreativo», concluyen en una nota de prensa.
