Siete asociaciones católicas de enseñanza han mostrado su «malestar» y «perplejidad» tanto por la tramitación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) tanto por la orden del Ministerio de Educación que regula las circunstancias en las que se debe pasar curso y titular ante la situación de pandemia por coronavirus que ha obligado a suspender las clases presenciales.
Sobre la orden, que permite titular y pasar curso sin tener en cuenta el límite de materias suspendidas y define la repetición como algo «muy excepcional», estas organizaciones consideran que «atenta y vulnera la Ley Orgánica de Educación actualmente vigente LOE-LOMCE» y que «podría ser inconstitucional».
Esta opinión la mantienen la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC), CEU San Pablo, Fundación Educatio Servanda, la Plataforma por las Libertades, la Plataforma Yolibre.org y la Plataforma Libres para Educar a Nuestros Hijos.
A su juicio, esta orden ministerial «echa por tierra el esfuerzo y el trabajo» tanto de los alumnos como de los docentes al dejar en manos de las comunidades las decisiones de las promociones o titulaciones. En este sentido, considera que «induce el desamparo legal y la inseguridad jurídica de los docentes y de los equipos directivos frente a los servicios de inspección educativa».
Igualmente, aseguran que la orden crea «claras y sangrantes diferencias y discriminaciones dentro de la población escolar» que se acentúan, según las entidades, en la situación actual, bajo Estado de Alarma.
Por otro lado, todas estas organizaciones protestan también por la «prisa» que, a su juicio, tiene el Gobierno para aprobar la nueva ley educativa que, según aseguran, «no nació del consenso.
«No es el momento para tratar de aprobar, de manera tan irregular y rozando la inconstitucionalidad, una Ley Orgánica de tanta importancia como la de Educación. La política debería estar fuera de la tarea educativa (…) Lo único que pretenden es aprovechar la situación para seguir introduciendo ideología en las aulas y apartando a las familias del hecho educativo de sus hijos. Es decir, sin el mínimo pudor y respeto por el sufrimiento social originado por la pandemia del COVID-19″, critican en línea con lo ya expresado con la patronal Escuelas Católicas.
El proyecto de la LOMLOE fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, la semana anterior al decreto de estado de alarma, y se encuentra actualmente en trámite parlamentario, donde ha agotado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad después de haber sido prolongado varias semanas por la interrupción de la actividad parlamentaria. En principio, el plazo de enmiendas parciales terminaba este miércoles 29 de abril pero este mismo martes se ha ampliado una semana más.
AMPLIADO EL PLAZO DE ENMIENDAS DE LA LEY CELAÁ
El Ministerio de Educación recordó recientemente que el Parlamento ha retomado su actividad hace un par de semanas, no solo para la sesión de control al Gobierno, sino para el resto de trámites. Tanto Partido Popular como Vox y Ciudadanos han pedido al Congreso la devolución del texto al Gobierno dentro de plazo.
Además, estas organizaciones se unen a las críticas expresadas también por la concertada y la plataforma ‘Inclusiva Sí, Especial También’, formada por personas con discapacidad intelectual, familias y docentes, que consideran que la Ley Celaá «va contra los colegios de Educación Especial».
El Ministerio de Educación ha desmentido que se vayan a cerrar centros de educación especial, «tal como están difundiendo algunas organizaciones», y ha reiterado su apoyo «al alumnado con necesidades especiales, sea cual sea el tipo de centro en el que sean escolarizados».
La disposición adicional cuarta de la LOMLOE, sobre la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, contempla que el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
A su vez añade que las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
