El PSOE y Unidas Podemos quieren dejar fuera de la aplicación del nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras, la conocida como ‘tasa Tobin’, a las operaciones de autocartera, compras de acciones entre entidades de un mismo grupo, que se realicen dentro de un programa específico de recompra.
Así, las dos formaciones que comparten Gobierno han registrado en el Congreso una enmienda conjunta al proyecto de ley de este impuesto que tramita la Cámara Baja para incluir una nueva exención en esta iniciativa, que ya recogía entre sus exenciones las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE y Unidas Podemos ahora proponen eximir directamente del impuesto a todas las adquisiciones de acciones propias o de acciones de la sociedad dominante efectuadas por cualquier entidad que forme parte del grupo que se realicen dentro de un programa de recompra que tenga como único propósito aquellos especificados en el reglamento europeo sobre abuso de mercado.
Concretamente, según explican en su motivación ambas formaciones, la reducción del capital de un emisor; el cumplimiento de obligaciones inherentes a los instrumentos financieros de deuda convertibles en acciones; y el cumplimiento de obligaciones derivadas de los programas de opciones de acciones, o de otras asignaciones de acciones para empleados o miembros de los órganos de administración o supervisión del emisor de una empresa asociada.
SOMETIDAS A UN «RÉGIMEN RESTRICTIVO», DEFIENDEN
El PSOE y Unidas Podemos justifican en su propia enmienda que estas operaciones «están sometidas a estrictos requisitos en materia de transparencia, divulgación pública y condiciones de negociación», ya que las empresas deben hacer públicos los detalles completos del programa antes de iniciar su negociación, notificando a la autoridad competente y después difundiéndolos en público.
Asimismo, apostillan en estas operaciones deben respetarse «límites adecuados en cuanto al precio y al volumen» y efectuarse la negociación de acciones propias en el marco de dichos programas de conformidad a los que se refiere el citado reglamento comunitario.
Por otro lado, aseguran que estas operaciones de autocartera cuenta con un «régimen restrictivo» en su regulación española, de «vocación claramente garantista» y con supuestos tasados para poder recurrir a estas compras, un destino preferente a las mismas, límites cuantitativos y restricciones en los derechos que otorgan estas acciones, como el de voto, así como las correspondientes obligaciones de información.
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS AL MARGEN DEL MERCADO REGULADO
Además de esta enmienda, ambas formaciones han incluido otra propuesta para modificar este proyecto de ley, con el fin de aclarar el sujeto pasivo de este impuesto cuando la compra de acciones no la realice una empresa de servicios de inversión o entidad financiera.
La ley señala que en caso de que esta compra se ejecute al margen de un centro de negociación, por parte de un «internalizador sistemático» (entidad que opera al margen de un mercado regulado o sistema multilateral de negociación), el sujeto pasivo será esta entidad.
Con la enmienda, PSOE y Unidas Podemos buscan especificar que cuando intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del comprador, el sujeto pasivo será el intermediario que reciba la orden directamente por parte de este comprador, una condición ya recogida para circunstancias similares en los centros de negociación.
