La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha advertido este viernes de una «cascada de denuncias judiciales» ante la falta de respuesta por parte de la Dirección General de este Cuerpo en materia de derechos laborales de los agentes.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presidido este viernes un Pleno Extraordinario del Consejo de la Guardia Civil para revisar las actuaciones en el marco de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus para revisar las reivindicaciones laborales planteadas desde las asociaciones representativas del Cuerpo.
Tras un minuto de silencio, las diferentes subdirecciones del Cuerpo han trasladado información sobre la gestión del material preventivo y de desinfección, número de test realizados (12.000 en total, siendo 6.400 por PCR y 6.000 por test rápidos para 9.336 guardias civiles testeados) o instrucciones escritas emitidas.
Durante el encuentro, la AUGC ha expresado su malestar por «la deficiente comunicación» que ha existido con la Dirección General en un momento «grave y de enorme preocupación» para los agentes y ha señalado como posibles causas «del preocupante número de contagios» en el Cuerpo una serie de incumplimientos en materia de derechos laborales de los agentes.
SUSPENSIÓN DE VACACIONES
Un punto de polémica en la reunión ha sido el derecho a disfrutar de vacaciones. En este sentido, se ha denunciado la diferenciación con respecto a la Policía Nacional, que está trabajando en servicios mínimos y, en la medida de las posibilidades, no se les han detraído vacaciones, mientras que en la Guardia Civil todo el personal está realizando servicio y las vacaciones fueron suspendidas desde el primer día.
Según una encuesta realizada a finales de marzo por esta asociación, en la que participaron 2.167 guardias civiles, solo un 37% de los mismos trabajan en binomios fijos o grupos estancos y únicamente un 22% prestaba servicio en modalidad de retenes localizables, ha indicado en un comunicado.
La directora general de la Guardia Civil ha trasladado que se trata de un servicio esencial, una respuesta ante la que la AUGC ha advertido que seguirá adelante con el requerimiento formal presentado como paso previo a una sentencia y que, por tanto, emplazará a la dirección del Cuerpo ante los tribunales de justicia.
También se ha expuesto «los numerosos procesos internos que han quedado paralizados durante la crisis sanitaria» relativos a cuestiones como el tercer tramo de equiparación, la parte de la productividad por objetivos que queda pendiente del año 2019, o sobre destinos, cursos y ascensos.
«En todas estas cuestiones, la Dirección General ha contestado que no pueden dar nada por seguro y que todo dependerá del «desescalado» del estado de alarma», ha denunciado la AUGC, que ha lamentado que mientras los policías cobran la productividad de equiparación de los años 2018 y 2019, se les haya trasladado que los guardias civiles no puedan hacerlo hasta que no haya Presupuestos Generales del Estado.
«Y cuanto menos inquietante ha sido conocer que los guardias civiles que se les está ordenando realizar servicios operativos, pese a no estar destinados en Seguridad Ciudadana, no van a cobrar el CES correspondiente. Es decir, que estos guardias civiles «afortunados» van a trabajar gratis», ha denunciado.
