La Audiencia Nacional ha confirmado la apertura de juicio oral contra ocho supuestos integrantes de una célula yihadista que operaba desde la prisión de Madrid III-Valdemoro (Madrid) captando nuevos miembros a los que convencer para que atentaran en España cuando saliesen en libertad. También se sentará en el banquillo el funcionario de Prisiones al que habrían sobornado a cambio de tener teléfonos y otras ventajas dentro de la cárcel.
En el auto de conclusión del sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, procesa al presunto líder de la célula, un interno del citado centro penitenciario, y seis de sus acólitos, unos actuando también dentro de la prisión y otros fuera, los primeros para captar adeptos y los segundos para ejercer de enlaces a la hora de pagar los sobornos y tratar de adquirir armas para la comisión de atentados.
De la prueba practicada, el magistrado concluye que Suleyman E.M., nacido en Marruecos hace 52 años, era el jefe del grupo –tal y como él mismo firmaba su correspondencia– y alentaba a sus cómplices a radicalizar a otros presos para que, «a cambio de una importante suma de dinero para su familia», cometieran «actos terroristas en nombre de los ‘hermanos’ y de la Yihad».
Se trataba de que llevasen a cabo tales acciones cuando saliesen en libertad, para lo cual la célula les comunicaba que «contactarían con ellos personas que están fuera de las prisiones para ayudarles a ejecutar» el atentado, aunque no les explicaban «quién y cómo se haría el contacto ni los lugares exactos que iban a ser objeto del macabro acto violento».
El juez De la Mata da «veracidad absoluta» a esta proposición que hacía la célula yihadista, que considera «seria e inequívoca», entre otras cosas por la declaración prestada por dos testigos protegidos a los que la organización llegó a hacer estas ofertas; en uno de los casos le pidieron que fabricara «bombas».
EL FUNCIONARIO LES FACILITABA LOS MÓVILES
Pero además, los investigadores han intervenido conversaciones telefónicas entre los internos y de los presos con los contactos en el exterior, así como vídeos y fotos de contenido yihadista guardadas en esos terminales, además de anotaciones y otras pruebas que, para el magistrado, demuestran la existencia de la célula y la vinculación a ella de los sospechosos.
Los reos disponían de teléfonos móviles, que usaban para llamar y acceder a internet y a servicios de mensajería cifrada, gracias a la colaboración de un funcionario, Miguel Ángel S.M., al que pagaron al menos 600 euros que le entregó una colaboradora de fuera, tal y como describe el magistrado en el auto de procesamiento, que añade que el guardia y el jefe del grupo mantenían una «estrecha relación».
Además, el «funcionario corrupto», como le define el magistrado, usaba su posición para que la célula dispusiera de «todo tipo de ventajas en el interior» del centro y habían acordado que les avisaría de las inspecciones y controles para que pudieran «comunicarse y actuar impunemente con sus contactos del exterior con total libertad y seguridad».
En el marco de la investigación, han sido intervenidas conversaciones entre el líder y sus principales «compinches», charlas en las que, entre otras cosas, hablaban de «quemar a todos los marroquíes» y expresaban su «odio visceral a los españoles». Además de atentar en nuestro país, llegaron a comentar la idea de «meter en lanchas negros que tienen ébola» o participar en redes de inmigración ilegal porque «hacen más daño porque tienen que darles de comer».
CONTACTOS EN EL EXTRANJERO
Uno de los contactos de la célula en el exterior era K.R., un antiguo preso y mano derecha del líder que, al salir, se encargaba de tratar de «adquirir armas de guerra, munición y otros tipos de armamento, realizando para ello diversos contactos en el marco delincuencial, tanto a nivel nacional como internacional, en particular en Francia y posiblemente en la ciudad de Marsella», explica De la Mata.
«Él mismo sería la pieza esencial fuera del centro penitenciario de cara a conseguir los medios necesarios para la consecución de los actos propuestos para que los internos más vulnerables sobre los que se habría podido realizar la conveniente captación perpetraran actos de naturaleza terrorista», remarca.
Dentro de la organización, el juez distingue en su auto entre dos niveles de integrantes. El primero estaría formado por el jefe y sus principales colaboradores, mientras que en el segundo se encontrarían otros miembros que se encargarían simplemente de ejecutar las órdenes que dictaban los anteriores.
En este nivel se sitúa uno de los investigados, a quien se identifica por «acometer con violencia y brutales palizas a las personas que no comulgan o no siguen los preceptos ordenados por el grupo», actos que cometía en los baños del centro penitenciario, «inducido con otro sujeto que efectúa funciones de vigilancia».
Los ocho presuntos miembros de la célula yihadista se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos que van de integración o de colaboración con organización terrorista, de proposición a cometer actos terroristas, hasta cohecho activo por el soborno al funcionario de Prisiones. Éste está procesado por cohecho pasivo propio por «realizar acciones ilícitas abusando y prevaliéndose del ejercicio de su cargo a cambio de dádivas y retribuciones económicas». El juicio contra todos ellos, que presidirá la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, está pendiente de señalamiento.
