El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha revelado este lunes en la Comisión deJusticia del Congreso de los Diputados que habilitar parte de agosto para evitar el colapso de los juzgados y tribunales como consecuencia de la pandemia del coronavirus fue una propuesta de Cantabria, Navarra, Madrid, Canarias y el propio Consejo General del Poder Judicial.
Así lo ha dicho el titular de Justicia durante su intervención en la comisión, en la que comparece para explicar la gestión de su departamento para hacer frente la crisis sanitaria. Campo ha insistido en que todas las medidas contempladas en el real decreto-ley de medidas urgentes, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, ha sido consensuado por todas las comunidades autónomas, con independencia del «signo político».
«Ninguna institución, mucho menos las comunidades autónomas, han perdido sus competencias», ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro, que ha insistido en que todas han estado de acuerdo en actuar de forma coordinada con el Ministerio en la toma de decisiones relativas a la crisis sanitaria.
Según ha dicho, todas han contado con «información puntual» sobre el contenido de la norma «con anterioridad a su publicación» y que ninguna mostró discrepancias. Asimismo, ha apuntado que ninguna de las medidas aprobadas «desapoderan» a las administraciones territoriales con competencias transferidas en materia para tomar decisiones sobre la distribución de jornada o horarios de funcionarios, entre otras cuestiones.
Ha sido en este momento cuando se ha detenido en el artículo de la norma que habilita del 11 al 31 de agosto para todas las actuaciones judiciales –el mes de agosto generalmente es inhábil–, que tantas críticas ha generado, sobre todo en abogados y procuradores, y que en su opinión son «injustificadas».
En este punto ha precisado que fueron los consejeros autonómicos de Cantabria, Navarra, Madrid o Canarias, incluso el órgano de gobierno de los jueces, los que propusieron la «habilitación extraordinaria de días procesales».
PIDE HACER UN «ESFUERZO EXTRA»
«Se adopta para paliar el acusado descenso en la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la Justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver ahora a parar un mes entero más con motivo de las vacaciones estivales», ha apostillado.
Por ello, ha pedido a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales que hagan un «esfuerzo extra». En su opinión, la sociedad «no entendería que el resto de las administraciones no se pusieran a la altura del personal sanitario o las fuerzas de seguridad».
Así, ha anunciado que para facilitar la conciliación personal y profesional, el Ministerio impulsará, en colaboración y coordinación con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, un Instrumento Normativo Complementario que permita «optimizar el rendimiento y la eficacia de la habilitación».
La Comisión ha comenzado guardando un minuto de silencio «en memoria de las personas que nos han ido dejando en el camino y en afecto a las personas que combaten y sufren esta pandemia», tal y como ha explicado la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal.
TRES LÍNEAS DE TRABAJO
Tras ello, el ministro ha comenzado su intervención, en la que ha expuesto las tres líneas de trabajo ideadas para paliar las consecuencias por el parón de actividad por el Covid-19: el real decreto-ley de medidas urgentes aprobado, una ley para impulsar la eficiencia de los procesos judiciales; y un plan de choque en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y juzgados de lo mercantil.
Campo ha pedido el apoyo de los grupos políticos para la «reactivación y reconstrucción» y, por tanto, les ha instado convalidar el real decreto-ley, que tendrá una vigencia de tres meses tras el levantamiento del estado de alarma. De no hacerlo, ha explicado, no sólo significaría la «deslegitimación de la política para arreglar la vida de los ciudadanos», sino que provocaría que los «problemas» que los ciudadanos han llevado a la Justicia se retrasaran.
Por otro lado, el titular de Justicia ha subrayado que la seguridad laboral de los funcionarios y profesionales de la Justicia ha sido «uno de los principios rectores» de toda la actuación del Ministerio durante la pandemia.
Pese a las críticas de algunos grupos parlamentarios y del propio personal de la Administración de Justicia sobre la falta de material para evitar el contagio, el ministro ha apuntado que el pasado 23 de marzo se inició la distribución de equipos de protección individual entre los 432 partidos judiciales de todo el territorio.
Asimismo, ha anunciado que el Ministerio prepara con las administraciones territoriales un esquema de Seguridad Laboral, así como una nueva ronda de reparto de material sanitario para asegurar la desescalada.
