La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha adherido a la propuesta, que ya llevaba la Generalitat, para que el Gobierno central permita a las autonomías emplear parte del fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para partidas de capítulo I y VI.
Esto supone que se permita la contratación de personal en la administración Pública o la ampliación de plantillas para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista, y también la compra de recursos habitacionales donde acoger a estas mujeres, según han informado fuentes de este departamento a Europa Press.
En la sectorial convocada por el Ministerio de Igualdad, que se ha celebrado de forma telemática, se han aprobado los criterios de reparto entre las comunidades autónomas de los créditos para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2020.
Oltra ha hecho énfasis, sobre este tema, en que se tenga en cuenta que las personas deben contar más que los kilómetros y que la contribución tenga en cuenta criterios como la situación de empobrecimiento y necesidad, así como de gasto de la comunidad, sobre los de dispersión de población.
8,7 MILLONES PARA LA COMUNITAT
El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado los criterios de reparto de los 100 millones de euros correspondientes a este pacto de estado para el ejercicio 2020 y, como ocurrió en 2019, atienden a la población, extensión geográfica, a necesidades específicas, entre otras variables.
Concretamente, Andalucía recibirá aproximadamente 15,3 millones; Cataluña, 12,8; Madrid, 10,5; la Comunitat Valenciana, 8,7 millones; Galicia, 7,9 millones; Castilla y León 7,4 millones; Castilla-La Mancha, 6,2; Canarias, 5,9; Aragón, 4,7; Extremadura, 4,6; Baleares, 4,1 millones; Murcia, 3,4; Asturias, 2,9; Cantabria, 1,6 millones; Melilla, 1,6 millones; La Rioja, 1,5 y Ceuta, 1,5.
Los fondos serán destinados al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.
También al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y en el caso de las autonomías con competencia en materia de justicia, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.
