El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha insistido este martes en que el documento que presentará ante el Gobierno central para acordar cómo abordar la desescalada se centrará en las zonas básicas de salud por su delimitación, control de movilidad y sus beneficios para los núcleos rurales.
Igea ha comparecido este lunes junto a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, para detallar los ejes del documento que ya está elaborado y cuyo plazo para presentarlo es hasta el próximo 6 de mayo y que, como ha defendido, la propueta de la Comunidad supone ventajas como es la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad.
Con arreglo a este documento, como ha detallado Igea, el próximo día 11 un total de 26 zonas básicas de salud de Castilla y León podrían pasar a la Fase 1 al no haber registrado nuevos casos en 14 días, lo que repercutiría en 53.500 habitantes de la Comunidad.
Asimismo, ha reclamado al gobierno requisitos epidemiológicos para pasar de una fase a otra con el fin de no volver a vivir un escenario como el que se dio en marzo. «Es necesario que ahora tomemos todas las medidas necesarias», ha aseverado.
El vicepresidente Francisco Igea ha destacado los principales aspectos de la propuesta de Castilla y León, en la que se plantea una desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y el contacto social adoptadas hasta la fecha y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y económica.
Una decisión «fundamentada» que, como ha defendido, beneficiaría al medio rural de Castilla y León La Junta de Castilla y León sostiene que la desescalada del confinamiento de la población debe hacerse en Castilla y León sobre la base de los datos y la respectiva evolución que se registra en las zonas básicas de salud, al menos en lo referido al medio rural.
Igea ha insistido en que los principios claros que deben regir en esta desescalada son los de «prudencia, reescalado, ámbito territorial y control de movilidad». Así, la propuesta que se va a remitir al Gobierno se tiene en cuenta que no se pueden dar «pasos en falso» debido a que las capacidades sanitarias aún se encuentran en estado de saturación.
En el documento también se precisa que todas las medidas de desescalada podrán ser reversibles, en un plazo corto de tiempo, si la evolución no fuese la deseada.
En este contexto, se considera esencial la atribución de competencias claras a las comunidades autónomas para adoptar medidas «ágiles» tanto de desescalada como de reescalada en caso necesario, sin menoscabo de la coordinación y revisión que se ejerza a nivel estatal.
Igea ha insistido en que no se pueden «repetir errores» y es necesario contar con un sistema de toma de decisiones lo «suficientemente ágil» y «pegado al terreno» para evitar demoras con consecuencias «dramáticas», algo que, a su juicio, resulta «obligatorio» dado el altísimo ritmo reproductivo de esta infección.
Así, la Junta plantea valorar la necesidad de reescalado de algunas de las medidas, en función de circunstancias como el incremento del número de casos sospechosos y/o confirmados, en particular si existe sospecha de su transmisión comunitaria dentro de la zona básica de salud.
ZONA BÁSICA DE SALUD
La argumentación de que la zona básica de salud sea el ámbito geográfico de referencia no implica que se apliquen otros criterios de sectorialización dentro de la zona. Así, Francisco Igea ha expuesto que el criterio inicial propuesto para pasar a la siguiente fase de desescalada es el de cero casos en los 14 días anteriores en la Zona Básica de Salud.
No obstante, ha detallado que en las capitales de provincia se computarían como una única zona de salud para evitar la posibilidad de que en una misma ciudad haya distintos escenarios.
Para Igea la coordinación desde la Atención Primaria en las zonas básicas de salud permite una vigilancia más efectiva y unificada de la incidencia de casos así como un mejor control de estos y de sus contactos.
Al tiempo, se valora que en un entorno poblacional reducido -como lo es el correspondiente a la Zona Básica de Salud- se facilita una mayor concienciación e implicación local para fomentar y mantener ese estatus de «zona en fase más avanzada».
El compromiso municipal también constituye una ventaja, pues el desescalado zona a zona provoca un ejercicio de competencia y corresponsabilidad que es ideal en estas circunstancias; con ello también se favorece la implicación de las autoridades municipales en aspectos básicos como son el mantenimiento de las medidas de higiene y aislamiento en el municipio y su colaboración en el control de la movilidad y de la trazabilidad de los casos.
Y por último, en relación con el control de la movilidad, el territorio que abarca una zona básica de salud puede ser más fácilmente controlado en cuanto a su movilidad, vías de comunicación, etc.
La estrategia elaborada por la Junta de Castilla y León no obvia que tales planteamientos deben entenderse sin perjuicio de la valoración de indicadores provinciales o de área de salud, por ser el territorio de referencia de la atención hospitalaria y de recursos de consideración imprescindible para afrontar la desescalada: ejemplo de ello serían la dotación y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos.
