El que tenga que haber una salida verde a la crisis es algo que está encima de la mesa del Gobierno. Si hay algo que ha conseguido la crisis del coronavirus es que los índices de contaminación hayan bajado de forma drástica. Y desde el Ejecutivo se quieren aprovechar dicha coyuntura para meter mano a todo aquello que contamine, empezando por el coche privado.
Todo pasa por reducir los niveles de contaminación en las grandes ciudades invitando a los ciudadanos a no coger su coche privado para ir a trabajar o para cualquier otra tarea. La M-30 de la capital se convirtió en un vergel de atascos cada día que emitía grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y que contribuía a generar la famosa boina contaminante de Madrid. Es por eso que una de las principales medidas que sopera tomar el Gobierno es invitar a los Ayuntamientos a que establezcan un límite de velocidad mucho más bajo del establecido en las vías más transitadas, que rondaría los 50 kilómetros por hora en el caso de esta vía.
Pero no solo la M-30 ha inspirado los planes que sopesa el Gobierno. También el hecho de que se necesiten más espacios para otras actividades ha motivado la idea de recortar espacios que hasta ahora pertenecían al vehículo privado. La vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera ha anunciado en una entrevista al diario El País que las terrazas de los bares y restaurantes tendrían su espacio necesario para poder abrir al 50% de su aforo con la distancia de seguridad exigida. Y ese espacio sería a costa de las carreteras, no de las aceras.
Esta medida abre un nuevo marco de acción. Cortar carriles y utilizarlos para uso peatonal o para otro tipo de actividades no es algo nuevo, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ya lo hizo con la Gran Vía, pero ahora esa idea podría convertirse en un plan de acción que recortara espacio al vehículo privado para dárselo a los peatones, los negocios y, cómo no, las bicicletas y los patinetes.
La movilidad es algo muy necesario. Fundamental para cualquier ciudad. Y es ahí donde entra ese vehículo privado que tanto contamina. Desde el Gobierno, el principal escollo que se plantean es cómo sustituir aquello que aporta el coche privado por alternativas ecológicas. Y eso pasa por fomentar el transporte público y el uso de medios alternativos como bicicletas, patinetes y los servicios de moto y car sharing, es decir (y por no alimentarnos de anglicismos), de los coches eléctricos y las scooter que plagan algunas de las principales ciudades.
Si las grandes capitales estuvieran dotadas de unos carriles bici lo suficientemente eficientes, puede que se redujera en gran medida la contaminación. Pero el problema real que tienen es que la mayoría de las personas que cogen el coche para ir a trabajar a la ciudad no suelen ser residentes de la propia urbe, sino de zonas periféricas. Y es ahí donde entraría una vieja iniciativa en la que deberían entrar de pleno los consistorios: la de crear aparcamientos disuasorios en la periferia; una promesa que siempre ha planeado por la capital y que a día de hoy sigue incumplida.
Así pues, el plan verde del Gobierno pasa por atacar el coche privado. Por quitarle espacio, limitar su velocidad en las vías más transitadas a no más de 50 kilómetros por hora y en disuadirle para que se queda fuera de la ciudad, en un párking que no cueste excesivamente caro. De ser así, el transporte público, las bicicletas, los patinetes y otro tipo de vehículos eléctricos ganarían peso para convertir las ciudades en espacios menos contaminantes.
