La Coordinadora Estatal de Plataformas de Religión acusa a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de tramitar «con nocturnidad y alevosía en estado de emergencia sanitaria» su reforma educativa, que llegó al Congreso a principios de marzo y eliminar la obligatoriedad de la asignatura de Religión.
La coordinadora de profesores de Religión sostiene que «se utiliza a la asignatura con fines partidistas y electorales, con el fin de capitalizar votos», y reclama al Gobierno que emprenda negociaciones para lograr un pacto de Estado en educación «del que formen parte no sólo partidos políticos, sino también sindicatos, profesionales de la educación y elección de las familias».
En ese sentido, reprocha a la ministra Celaá mantener «una postura inamovible e inflexible que no busca el consenso» por seguir adelante con su proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, la semana anterior al decreto del estado de alarma.
Esta coordinadora de profesores de Religión de centros públicos asegura haber solicitado «hasta en 11 ocasiones» una reunión con la ministra para dar a conocer sus reclamaciones. Entre ellas, el respeto a «la libertad de elección que tienen las familias para elegir el tipo de educación moral y religiosa de sus hijos», defienden estas organizaciones.
«De otra manera, estaríamos viviendo en un estado totalitario y autoritario que busca usurpar el derecho de estas», añade la coordinadora en un comunicado donde señala que la reforma de Celaá producirá «el menoscabo de ciertos derechos laborales básicos del profesorado de religión y en los de las familias que eligen voluntariamente esta asignatura para sus hijos».
«Es muy grave, pues, que tanto las autoridades políticas como religiosas, no sean conscientes de que este desencuentro trascienda al ámbito laboral, educativo y, lo que es peor, vulnere directamente el ámbito de las libertades fundamentales recogidas en nuestro marco legal», proclama la coordinadora.
Esta asociación de profesores de religión de centros públicos de enseñanza defiende que la asignatura forme parte de una educación «integral» del alumnado, «con libertad de elección y oferta obligatoria para propiciar esa posibilidad», algo que «no es exclusivo de nuestro sistema sino que lo equipara a los modelos imperantes en el ámbito europeo, en los que se fomenta la formación religiosa como fuente de tradición, cultura y valores, que promueven a evitar el analfabetismo religioso, fuente de intolerancia y fundamentalismo», asegura.
