Empleados de residencias de Madrid utilizaron las mascarillas ‘fake’

Quince trabajadores de residencias públicas de la Comunidad de Madrid que utilizaron una partida de mascarillas defectuosas, detectadas hace dos semanas en geríatricos y en algún hospital madrileño, han dado positivo en coronavirus en las pruebas realizadas, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Se trata de empleados de las Residencia de Mayores de Colmenar Viejo, Doctor González Bueno de Madrid y Francisco de Vitoria de Alcalá, algunos de los centros en los que llegó estas mascarillas ‘fake’, por lo que podría haber más contagiados por el uso de este material de protección, cuya procedencia aún se desconoce. Tanto el Gobierno regional como el Ministerio de Defensa aseguran que no son suyas.

El sindicato también se queja del procedimiento seguido una vez detectadas estas mascarillas. En una carta dirigida el martes al gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez, la presidenta del Sector AGCM CSIF, Elena Moral, le recuerda que han insistido en la necesidad de realizar test analíticos a los trabajadores para corroborar o descartar el posible contagio de empleados públicos en los centros residenciales.

Ante la situación generada por la distribución de las mascarillas defectuosas del fabricante chino Garry Galaxy modelo N95, la Agencia publicó con fecha 19 de abril Protocolo de ‘Acciones a implementar por parte de la AMAS, ante el uso de mascarillas autofiltrantes de alta protección (ffp2), marca garry galaxy’, que establecía que «para velar por la máxima seguridad de todos aquellos trabajadores que puedan haber hecho uso de este tipo de mascarillas, ponía a su disposición la realización de la prueba de referencia de control de diagnóstico microbiológico (PCR), para la detección del coronavirus».

Serían las direcciones de los centros, a través de sus Jefaturas de Áreas Técnicas, las responsables de elaborar los listados con todos aquellos trabajadores que hayan utilizado estas mascarillas en cada centro y remitido a cada una de las coordinaciones respectivas, así como a la Dirección Coordinación Sanitario Asistencial y a la Subdirección General de Centros y Programas, antes de las 12 horas del día 20 para proceder a la realización de dicha prueba diagnóstica, con la máxima inmediatez posible.

El protocolo de acciones a implementar en su redacción contenía una serie de buenas intenciones que pretendían la adecuada reparación de la situación generada, sin embargo, su aplicación real ha distado en su resultado. En varias residencias se comunicó que los test solo serían para personal de atención directa destinados en los módulos de contagiados, excluyendo al resto de personal.

«Teniendo en cuenta que la clasificación de los residentes se ha realizado por criterios de sintomatología y no por verificación de prueba, nunca se ha podido tener la certeza de que esos residentes están o han estado alojados en el módulo correcto a su situación», indica el sindicato.

Las pruebas se realizaron en los centros de trabajo o en centros cercanos al empleado en ausencia profesionales cualificados y familiarizados con este procedimiento. Pero el análisis de las mismas se ha realizado en Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda entre los días 24 y 25 de abril con registro de salida de los resultados en fecha 28.

Por tanto, CSIF señala que desde que se conoció la dispensa de mascarillas hasta el conocimiento de los resultados han pasado más de 10 días, en el que esos trabajadores han seguido desempeñando sus funciones siendo positivos.

«Podemos entender que es necesario un tiempo para organizar, desarrollar y evaluar estas pruebas, pero lo que no puede entender es que desde ese mismo día 28 no se haya notificado a los interesados su positivo. Tiene usted centros que habiendo recibido la prueba el día 30 han permitido trabajar al menos la mitad de la jornada a sus trabajadores y otros que han tardado hasta el martes en comunicar el positivo», han denunciado.

Y es que, según explica en la carta al responsable del AMAS, la consecuencia inmediata de toda esta demora es «continuar alimentando» el circuito de contagio instalado en los centros residenciales de personas mayores, discapacitados y menores «y que ustedes no son capaces de controlar». «Trabajadores sin test analíticos y sin medidas apropiadas de protección que desempeñan sus funciones ante residentes clasificados sin un criterio fiable al 100% y donde ya no sabemos quién contagia a quien», añaden.

«Como ya le venimos repitiendo desde nuestro primer comunicado del mes de marzo, cuenta usted con una serie de direcciones que distan mucho de estar a la altura de esta situación y que sus actos negligentes deben tener como mínimo consecuencias administrativas, reservándonos el derecho de establecer contra ellos las acciones que en derecho estimemos oportunas», concluye Elena Moral en una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.