Vox ha solicitado documentación para conocer toda la información relativa al Ingreso Mínimo Vital que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros en el mes de mayo, y que, a juicio de la formación, es una medida que el Gobierno no podrá pagar.
Tal y como informan los de Santiago Abascal a través de un comunicado, se ha solicitado la distribución de esta prestación por comunidades autónomas y provincias y el coste estimado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Ingreso Mínimo Vital durante los ejercicios 2020 y 2021.
«En la actual situación el Gobierno socialista no sólo no podrá pagar el Ingreso Mínimo Vital, sino que no podrá pagar los sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas», ha explicado la diputada por Toledo, Inés Cañizares, quien ha señalado la «dramática situación por la que está atravesando» el país.
La formación advierte de que «los organismos internacionales achacan a España el peor escenario a medio y largo plazo» en su economía, tras la crisis sanitaria del Covid19. «La economía española se presenta ante esta nueva crisis con fuertes debilidades macroeconómicas agravadas y provocadas en tiempos muy recientes. Nos enfrentamos al virus con las defensas muy bajas», ha añadido la diputada.
Es por ello por lo que Vox quiere conocer el número de familias potencialmente beneficiarias de este ingreso mínimo, incluso por comunidades autónomas y provincias, para «tener una cuantificación certera del esfuerzo en términos económicos que habrá de hacer el Estado para garantizarla».
En esta línea, Cañizares ha insistido en la importancia de adaptar a la economía española a los nuevos paradigmas que exige esta pandemia y transformar la amenaza en oportunidad.
En este sentido, los de Abascal proponen varias «medidas lógicas, prácticas y ágiles para la prosperidad y la riqueza» del país, como elaborar unos presupuestos «donde no aparezcan gastos que no son productivos para una economía en crisis sistémica», eliminando subvenciones a organismos que son «más acordes de países ricos en petróleo y menos de una nación que madruga para salir adelante».
Del mismo modo, apuesta por «reducir drásticamente la superestructura administrativa y política»; establecer «una política fiscal que elimine a España de la lista de países llamados como ‘infiernos fiscales’ para atraer inversión y empresas»; fomentar la vuelta a España de los procesos industriales deslocalizados hace décadas a países que realizan ‘dumping’ social y que no cumplen las normas de la Organización Mundial del Comercio; impulsar la imagen de España como gran nación «y no depender de otros países cada vez que sufra una crisis», establecer una regulación laboral flexible, fortalecer el sector primario y promocionar la industria tecnológica y la investigación, entre otras.
