La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía pide al Ministerio de Sanidad que «en aras a la transparencia y la credibilidad» de las instituciones «haga públicos los informes para pasar a la fase 1 de las distintas comunidades autónomas, para comprobar así si todas usaron el formulario oficial normalizado sin eludir ninguna de las cuestiones planteadas en el mismo y si a todas se ha aplicado el mismo criterio».
El departamento que dirige Jesús Aguirre incluye esta petición en un comunicado difundido esta tarde sobre el procedimiento seguido para presentar la solicitud de pase a fase 1 de Andalucía, en el que también emplaza al Gobierno «a aclarar con prontitud» las razonas por las que Málaga y Granada siguen en fase 0, puesto que «a medida que pasan los días aumenta la sensación de agravio a estas provincias».
Así, sobre el procedimiento, Salud explica que el pasado 30 de abril, en el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio «informó de que en un nuevo marco de ‘cogobernanza’ asignaría a cada comunidad autónoma un ‘tutor’ o ‘persona de referencia’ con el fin de preparar de forma conjunta la documentación requerida de cara a las propuestas de cambio de fase que había que enviar antes de las 14,00 horas del 6 de mayo».
Y añade que Sanidad «tardó cinco días en asignar esta ‘persona de referencia’ a la Junta de Andalucía». «Esta asignación se produjo a las 18,18 horas del día 5 de mayo, es decir, después de cinco días esperando y cuando faltaban menos de 20 horas para que cumpliera el plazo inicialmente comunicado para presentar la propuesta», lamenta la Consejería.
Además, explica que tras un primer contacto esa tarde, la primera reunión para abordar el informe de desconfinamiento «se propuso por el Ministerio a 11,00 horas del día 6 de mayo, es decir, tres horas antes de que acabara el plazo para la propuesta» y agrega que tras esa primera reunión «la Junta de Andalucía, en colaboración y de acuerdo con la ‘persona de referencia’ asignada, elevó su propuesta al Ministerio de Sanidad a las 14,12 horas».
La Junta señala que durante la tarde del 6 de mayo y el día 7 de mayo, la responsable técnica asignada por el Ministerio «propuso hacer modificaciones a la propuesta, que se realizaron por la Consejería de Salud y Familias» y añade que «el día 7 a las 20,32 horas, siempre en colaboración y de acuerdo con esta ‘persona de referencia’ que fue asignada tras cinco días de espera, se elevó la propuesta con los cambios», para aclarar que «en ningún caso se cambió de criterio y en ambas versiones se solicitó el pase de las ocho provincias andaluzas a fase 1».
Asimismo, la Consejería de Salud afirma que toda la documentación aportada por la Junta de Andalucía «se remitió en modelo oficial normalizado y siguiendo las indicaciones pertinentes», y pese a que el Ministerio de Sanidad «cambió el criterio de la información que debía recibir en varias ocasiones, la Consejería suministró de forma inmediata todos los requerimientos extraordinarios».
La Junta añade en este comunicado, que «el día 9 de mayo, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía solicitó el informe técnico completo en el que constan las causas que han motivado la exclusión de la totalidad de las provincias de Málaga y Granada», y agrega que «al no obtener respuesta, el día 11 de mayo se volvió a solicitar el informe técnico, sin que a día de hoy se haya recibido ninguna respuesta oficial del Ministerio sobre por qué las provincias de Granada y Málaga siguen en fase 0, a pesar de que hay otras provincias y comunidades autónomas completas que han pasado a la fase 1 en condiciones epidemiológicas.
De este modo, la Junta emplaza al Gobierno central «a aclarar con prontitud las razonas por las que Málaga y Granada siguen en fase 0, puesto que a medida que pasan los días aumenta la sensación de agravio a estas provincias», y además, considera positivo que el Ministerio «haga públicos los informes para pasar a la fase 1 de las distintas comunidades autónomas, para comprobar así si todas usaron el formulario oficial normalizado sin eludir ninguna de las cuestiones planteadas en el mismo y si a todas se ha aplicado el mismo criterio.
