El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, pedirá este jueves a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en el marco de la Conferencia Sectorial del ramo, conocer cuanto antes los protocolos sanitarios y los recursos disponibles para implementar medidas excepcionales de cara a la planificación del curso 2020-21, así como una «aclaración» sobre el plan de conciliación y la posibilidad de que «se superponga con el derecho a la educación del alumnado».
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de Educación, que han añadido que en la sectorial, que se celebrará de manera telemática, Andalucía pedirá también «agilizar» el plan de financiación de los programas de refuerzo estival y anual y sobre la Lomloe –la conocida como ‘Ley Celaá’– solicitará «paralizar los plazos hasta que se recupere la normalidad» y convocar una sectorial monotemática para debatir la ley, que en los términos actuales «no da respuesta a los retos presentes y futuros del sistema educativo».
Del mismo modo, también pedirá la «revisión» de los criterios sobre reintegro de las becas establecidos en la Orden ministerial de 21 de abril y las instrucciones del 7 de mayo, que «penalizan a los alumnos de FP que optan voluntariamente por aplazar el desarrollo de la FCT (Formación en Centros de Trabajo) al curso 20-21 para poder desarrollarla en una situación real de trabajo».
Sobre algunas de estas peticiones ya se ha pronunciado esta mañana la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que para «planificar bien» el inicio de curso en septiembre «hay que saber cuáles son las condiciones» por parte del Ministerio, puesto que antes de tomar cualquier decisión «hay que ver las consecuencias y pensarlas mucho».
Ha señalado también que el departamento que dirige Isabel Celaá les tiene que decir «cómo se hace para que vuelvan alumnos de cero a seis» porque «no conocemos las condiciones necesarias, tanto de protección para los que los atienden como para los alumnos, las medidas sanitarias y los requisitos, si son necesarios guantes, mascarillas, la ratio, los espacios o la disponibilidad».
«Nos falta información para tomar una decisión, y esa es la idea, no es que tengamos una negativa a atenderlos, porque entendemos que hay problemas que afectan a personas que tienen que incorporarse a trabajar, y que de alguna manera tendríamos que ayudar a esa conciliación», pero también «para los de siete, ocho o nueve años, que es otra cuestión, y de todo eso nos gustaría que el Ministerio nos dijera cómo».
Ha añadido que «por ejemplo dentro del marco de las distintas fases del Gobierno sobre la desescalada, una de las fase de la que estábamos pendiente por los procesos de escolarización era el tema de la apertura de los centros educativos y que nos dijeran cómo podíamos abrirlos y en qué condiciones y eso no pasó hasta el sábado pasado en una orden ministerial»». Por tanto, incide, «que es posible que lo tengan previstos, sí, que lo conozcamos, no, a estas alturas no, y la idea es que sea el 25 de mayo».
«Yo no sé cómo será en otras comunidades autónomas pero en Andalucía tenemos muchos niños y tenemos que saber cómo se hace», ha añadido la viceconsejera, quien ha agregado que «en realidad el presidente del Gobierno nunca ha hablado de que vuelvan los críos a las aulas, de lo que ha hablado es de una media de conciliación, no una medida educativa».
«Una cosa es clara, y es que nosotros estamos en las aulas, no presenciales, pero nunca hemos suspendido la actividad docente, que hemos reconvertido en no presencial. Eso significa que no es un problema de aula sino un problema de conciliación, pero queremos saber para medidas de conciliación cuáles son los requisitos», ha manifestado, para insistir en que «no habría que hablar de alumnos sino de menores afectados por una medida de conciliación».
