Los grupos de la oposición han criticado duramente este miércoles en el Pleno del Congreso que el Real decreto-ley para evitar el colapso en el ámbito de la Administración de Justicia llegue sin ser negociado con la oposición, no contemple la inversión necesaria y que no haya tenido en cuenta la opinión de operadores jurídicos a la hora de adoptar medidas como la de la habilitación laboral de parte del mes de agosto.
En este sentido, en el debate sobre la convalidación del decreto, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha criticado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la negociación con los operadores jurídicos y con los diferentes partidos ha logrado «enfadar a todo el mundo», y le ha acusado de intentar «chantajear» a los grupos parlamentarios en su exposición para que convaliden su plan amenazando con que de lo contrario no habrá una desescalada posible en el sector.
«Nadie está de acuerdo con su plan de desescalada», ha apuntado para acto seguido comenzar a desglosar algunas de las medidas, como las relacionadas con la prevención de contagios en sedes. Al respecto ha lamentado que se hable de la necesidad de mantener el distanciamiento social en los juzgados pero en cambio se diga que no son necesarias las mascarillas. «Le invito a que baje de su coche oficial, entre en los juzgados de Plaza Castilla y vea cómo se trabaja en los juzgados», le ha llegado a decir.
Además, Bal ha apuntado que no se puede afirmar que el colapso en Justicia se deriva de la covid-19 porque «antes del virus» ya existía, y le ha afeado que proponga medidas «poco ambiciosas» y que no dote de fondos el plan. «El problema de la justicia se resuelve con dinero, hace falta invertir en la justicia», ha apostillado.
Sobre el conjunto de propuestas del departamento de Campo, Bal ha asegurado que se trata de medidas insuficientes que «se quedan cortas» y ha acusado al ministro de recurrir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que «apague fuegos» mientras él se pone las medallas.
El diputado de Ciudadanos ha hecho hincapié especialmente en la habilitación del mes de agosto, que a su juicio ha indignado al campo de la Justicia porque los abogados deben tener derecho a conciliar su vida laboral y personal. «Por el pequeño abogado es por lo que votaremos que no. Le he dicho que las medidas son insuficientes, traiga otro decreto y votaremos que sí», ha añadido.
EL DECRETO «NACE HERIDO»
Por su parte, el diputado del PP, Carlos Rojas, ha propuesto como otros grupos que se tramite el decreto como proyecto de ley, algo que finalmente ha sido aprobado, para poder añadir las correcciones a un texto que a su juicio «nace herido» por la falta de consenso con los operadores jurídicos. Para el ‘popular’, el Gobierno cae en sucesivos errores, no ofrece diálogo y carece de transparencia, algo que dificulta lograr apoyos.
Además, ha indicado que si bien tuvieron un diálogo «franco» con el ministro en relación al decreto, considera que lo finalmente presentado va más allá, y ha afeado al ministro que dijera que en caso de que el decreto decayera en el Congreso se trataría de llevar a cabo de otra manera.
A esto ha sumado que determinadas medidas que incluye el decreto pueden ir en contra de la seguridad jurídica y ha pedido especial cuidado con los plazos procesales porque le generan dudas de inconstitucionalidad. Además, ha añadido que «la catarata de normas de las últimas semanas generan un puzle normativo que no va a favor de la seguridad jurídica».
EL «CAMINO CHAVISTA» DE LOS JUZGADOS COVID
Desde la bancada de Vox, su diputado José María Sánchez ha explicado que su voto era negativo porque el decreto es «inaceptable». Al igual que otros intervinientes ha puesto sobre la mesa las quejas de los abogados por la habilitación de agosto y ha subrayado que el Colegio de Abogados de Madrid apunta que «puede ser hasta inconstitucional».
Además, le ha echado en cara a Campo que diga hablar en nombre del sector Justicia, no ve garantizadas las medidas de protección en los juzgados y cree que los juzgados para asuntos de covid-19 son contrarios al principio de unidad jurisdiccional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que «la especialización compete al CGPJ». «Es una invasión del poder judicial, ¿nos adentramos en el camino chavista?», ha llegado a preguntarse.
Por parte de Junts, su diputado Jaume Alonso-Cuevillas ha calificado el decreto de «brindis al sol» y ha criticado la ineficacia de medidas como los juicios telemáticos, más cuando en los juzgados aun se usan medios obsoletos como el fax. Tampoco ve consenso en los turnos de mañana y tarde, y ha señalado que habilitar agosto, «medida estrella», ha provocado un incendio en la abogacía.
En cuanto a EH Bildu, que ha optado por la abstención, ha criticado el desastre crónico de la gestión telemática en la Adminsitración de Justicia, y ha lamentado que el decreto no recoja medidas destinadas a abordar los recursos que se generaran por las sanciones derivadas de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana durante el estado de alarma.
FALTA COORDINACIÓN ENTRE JUSTICIA Y GOBIERNO
Mientras que estos grupos parlamentarios se han instalado en el ‘no’, otros como PNV y ERC han apoyado el decreto a cambio de su tramitación posterior como proyecto de ley. Por parte de Ezquerra, su diputada Carolina Telechea ha recalcado la importancia de que el ministerio se coordine con el Gobierno porque el plan de Justicia debe respetar las fases de la desescalada marcadas por Sanidad.
Por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda ha calificado también algunas medidas de brindis al sol, ha destacado que hace falta inversión, pero ha saludado propuestas como los juzgados Covid. «Quiza alguien pueda pensar que no es lo mejor –el decreto– pero su no convalidación es peor», ha apostillado.
Por parte de Unidas Podemos, Enrique Santiago ha señalado que el decreto es imprescindible para salvarguardar la integridad de las personas que acuden a los juzgados, y se ha comprometido a seguir trabajando en medidas para logar consenso con sindicatos. «Estamos convencidos de que el decreto se debe llevar a ala práctica», ha añadido.
Por último, el PSOE ha centrado su intervención en afear la conducta del PP, y al igual que ha hecho el ministro, ha asegurado que su voto negativo también va en contra del trabajo que han hecho las comunidades autónomas gobernadas por los ‘populares’ para evitar el colapso de la Justicia.
El portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Francisco Aranda, ha señalado que, mientras que «uno no elige cuándo llega la pandemia», sí puede escoger «cómo ponerse y actuar» y si «suma» o «resta». Por ello, ha alegado la importancia del real decreto-ley porque, según ha dicho, los ciudadanos «necesitan de la ciencia y la medicina, pero ahora también necesitarán de la Justicia».
Así, tras defender la labor del Gobierno durante la pandemia, sobre el que ha recalcado que ha aprobado la «mayor batería de medidas sanitarias de la historia», y calificar al PP como «teloneros de la ultraderecha», Aranda ha asegurado que el patriotismo no se mide por banderas o colores, sino «por saber estar a la altura donde la historia nos ha situado».
