El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que mantiene el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno para promover un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores.
Así lo ha asegurado este jueves Iglesias durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Senado, donde ha anunciado un plan de choque para «reimpulsar» el sistema público de atención a la dependencia.
Según ha indicado el vicepresidente segundo, es necesario emprender «medidas de fondo» en materia de dependencia, para lo que el programa de Gobierno establece una base «correcta» para ello.
En este sentido, Pablo Iglesias ha recordado que, junto al citado programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores, el acuerdo incluía el compromiso de reforzar «significativamente» la financiación del sistema de dependencia, así como de «mejorar las condiciones de precariedad» de los trabajadores de los servicios sociales.
También, según ha detallado, el documento recoge el compromiso de reducir «drásticamente» las listas de espera y aumentar el «nivel mínimo» con el que se financia la atención a cada persona dependiente. «Será necesario hacer un importante esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado», ha apostillado.
El vicepresidente ha afirmado que la crisis devenida por la aparición del nuevo coronavirus confirma «la necesidad de agilizar y simplificar los procedimientos, de reanudar las valoraciones de dependencia usando procedimientos seguros para usuarios y profesionales y de reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio».
Para el Gobierno, aprender la lección de la crisis implica no solo mantener con firmeza estos compromisos, sino realizar una evaluación completa del modelo y plantear soluciones estructurales para garantizar servicios públicos dignos para el cuidado de nuestros mayores», ha manifestado.
A su juicio, pese a la aprobación de la Ley de la Dependencia en 2006 supuso un «hito histórico», el sistema público «no ha sido capaz de atender adecuadamente a este sector de la población debido principalmente a la falta de financiación, especialmente tras los recortes de más de 5.000 millones de euros sufridos desde 2012, que aún no se han revertido».
De este modo, ha señalado que en España hay 1,4 millones de personas que tienen reconocido el derecho a la prestación de dependencia, pero «en torno a 265.000 personas aún no perciben la ayuda que les corresponde por derecho».
«Esta situación debe ser corregida, máxime en un contexto en el que la crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia esas carencias estructurales del modelo de cuidados y de atención a la dependencia. Por desgracia, el coronavirus ha afectado con especial virulencia a la población que vive en centros de mayores», ha subrayado.
Asimismo, ha indicado que las residencias de mayores privadas suponen un 75% del total de centros residenciales del país. «No sé si un modelo tan altamente privatizado como el de las residencias de mayores, con unos niveles de precariedad incomparables entre sus trabajadores es un modelo propio de la cuarta economía de la zona euro», ha afirmado.
«Debemos aprovechar los acuerdos de reconstrucción para que el modelo de residencias cambie en nuestro país y sea un modelo mejor dotado, con trabajadores públicos que cobren salarios decentes», ha recalcado.
Respecto a la situación de las residencias durante la crisis de la pandemia, Iglesias ha reconocido que las medidas extraordinarias de apoyo a las comunidades autónomas para las residencias «no sirven para resolver los problemas estructurales que se arrastran desde hace años y que son los que han quedado al descubierto a raíz del COVID-19», por lo que es necesario una reforma estructural.
LA «INCUMPLIDA» LEY DE DEPENDENCIA
En el turno de portavoces, la gran mayoría de los senadores de los distintos grupos han planteado a Iglesias la necesidad de afrontar las carencias del sistema de dependencia y, en concreto, el modelo residencial de personas mayores cuyas «carencias» han quedado al descubierto, según ha indicado el portavoz de la Agrupación Socialista la Gomera, Fabián Chinea.
Así, los senadores de Junts per Catalunya (JxCat), la Izquierda Confederal en el Senado, Ciudadanos, PNV, ERC y el PP han planteado a Iglesias cuestiones relacionadas con la financiación del sistema de atención a la dependencia. «Hay que cumplir la ley», ha señalado la senadora de JxCat María Teresa Rivero, mientras que la parlamentaria del PNV Nerea Ahedo ha hablado de ley «incumplida».
Respecto a la financiación del sistema de atención a la dependencia, el vicepresidente segundo del Gobierno ha dado la «razón» a los senadores que han criticado la falta de cumplimiento del compromiso del Estado.
«No se ha cumplido el 50/50. Estamos en un 20/80. Creo que hay que trabajar para que en los próximos Presupuestos podamos tener un sistema de dependencia adecuada, pero eso es una responsabilidad de todos», ha replicado Iglesias.
Al representante del PP, que le ha preguntado sobre las medidas del Gobierno para evitar que la lista de espera «se siga engrosando», Pablo Iglesias le ha recriminado los recortes que llevó a cabo su partido en materia de dependencia para afrontar la crisis de 2008.
También ha recordado que los datos relativos a las residencias los ofrece «regularmente» el Ministerio de Sanidad en función de la información de las comunidades autónomas, que «se han visto desbordadas» por la crisis del coronavirus. Así, ha afirmado que «no tiene mucho sentido» intentar hacer política con una «situación que es dramática».
«Sigamos colaborado», ha recalcado Iglesias, para zanjar que hay que salir de esta crisis «colocando los cuidados en el centro» y con una sociedad que «pueda sentirse orgullosa» de que sus mayores «tienen la mínima protección que la cuarta economía Unión Europea les debería dar».
