El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado este jueves que trabajarán para «eliminar» el impuesto de Sucesiones y Donaciones pese a que se haya aumentado a través de los Presupuestos de la Generalitat de de Cataluña para 2020.
En un artículo en La Vanguardia recogido por Europa Press, ha lamentado el «importante» incremento de este impuesto en los Presupuestos catalanes, pese a admitir que la aprobación de las cuentas era necesaria, y más en plena emergencia sanitaria por el coronavirus, y que para tirarlas adelante debían asumir renuncias para lograr acuerdos con ERC y los comuns.
Pese a todo, ha recalcado que desde el PDeCAT siempre se han mostrado en contra de este impuesto por considerarlo «claramente confiscador, injusto y desfasado», y ha recordado que fue el expresidente de la Generalitat Artur Mas el que impulsó en 2011, tras los tripartitos, una reforma que prácticamente lo eliminaba en los casos de parentesco directo.
«Nuestro horizonte en una Catalunya independiente supone conseguir medidas fiscales justas en el marco de un sistema fiscal eficiente y la eliminación de este impuesto es una de ellas», ha apuntado Bonvehí, tras defender que se puede financiar un estado puntero sin su existencia.
Tras opinar que el impuesto descapitaliza y va en contra de la cultura del esfuerzo y del ahorro, añade que supone una doble tributación: «Si una persona compra un bien ya paga los impuestos asociados al consumo de este bien y si obtiene rentas de este bien, ya sean de capital mobiliario o del trabajo, ya paga los impuestos asociados a estos rendimientos».
Además, considera que perjudica a las clases medias y las menos favorecidas porque, en caso de recibir en herencia bienes modestos, «muchas veces se ven obligadas a venderlos para poder afrontar la liquidación del impuesto».
«DISCURSO POPULISTA»
Por ello, califica de «discurso populista» afirmar que es un impuesto dirigido a las grandes fortunas porque, a su juicio, éstas son las que, con diferentes vías del ordenamiento jurídico, acaban eludiéndolo.
También cree que conlleva una tributación excesiva, en términos de presión fiscal, y supone «un agravio comparativo desde un punto de vista territorial».
«No queremos que los catalanes paguen aquello que en muchos otros lugares del resto del Estado español no se paga, porque se aplican bonificaciones fijas del 99% a muchas autonomías, o que tengamos que pagar mucho más que el resto de la UE por este impuesto», ha reclamado.
