El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha indicado que espera que los fondos estatales se repartan en función de los gastos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.
Así lo ha manifestado en su comparecencia en comisión en la Cámara autonómica, donde ha hecho hincapié en que de momento, debido a las comunicaciones recibidas, el Gobierno central se mueve «en el terreno de las declaraciones de voluntad, no de la materializaciones, ni siquiera de las precisiones exactas ni de tiempo ni de cuantía».
Del fondo de 16.000 millones avanzado ha celebrado su carácter no reembolsable con características de adicional y no condicionado pero ha hecho hincapié en que «faltan por precisar los términos definitivos del reparto» que, entiende, se tendrán que dirimir en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los criterios trasladados inciden en que se distribuirá la cuantía en función del «impacto real del coronavirus», algo que al titular de Hacienda le parece «lógico». Comparte que deberían ser repartidos en función del gasto que cada autonomía ha tenido y comprende que también debe tener «un cierto peso la población».
«Es lo correcto, lo que debe ser», ha sentenciado, para a renglón seguido incidir en que espera que sea «suficiente para hacer frente a los gastos y a la merma de ingresos».
IMPACTO DE LA CRISIS EN LA COMUNIDAD
El consejero ha hecho un repaso al impacto, hasta el 30 de abril, que ha tenido la crisis sanitaria en las cuentas regionales y que, hasta el mes de abril, ha supuesto un coste de 610,4 millones de euros, de los cuales 527,4 proceden específicamente de gasto sanitario o sociosanitario y lo restante de las distintas consejerías.
A esto habría que sumar una caída «de los ingresos globales de 191 millones de euros», ya que la recaudación de los impuestos cedidos y propios durante los cuatro primeros meses del año alcanzan los 548 millones, un 16,6 por ciento menos que en el mismo período de 2019.
De esta forma, «el impacto total del coronavirus en el presupuesto, hasta cierre de abril, se eleva a 801,4 millones», sumando el efecto en las cuentas con la pérdida de ingresos. En este sentido, el consejero ha explicado que para el conjunto de 2020, y siempre y cuando no haya nuevos rebrotes, «calculamos un impacto global de 2.737 millones de euros», lo que supone «el 13,45 por ciento del presupuesto actual».
FINANCIACIÓN
El titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que desde el comienzo de la crisis autonomías han afrontado «los gastos extraordinarios recurriendo casi en exclusiva a fondos propios», y ha apuntado que en el caso de Madrid «hasta el momento hemos recibido sólo 109,9 millones de euros. No obstante, si descontamos los 139,5 millones de euros que el Gobierno les «ha quitado» por las políticas activas de empleo, «al final la operación arroja un saldo negativo para Madrid de 29,6 millones».
Lasquetty ha recordado que el resto de los recursos que no han recibido «no son más que un dinero adelantado que ya pertenecía a las administraciones regionales» y que se iba a percibir de cualquier manera, «con virus o sin virus». A ellos, se suman las distintas operaciones financieras llevadas a cabo con entidades y organismos externos, dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Consejo de Ministros. Así, ha citado la primera emisión en España de un Bono Social Sanitario formalizada por Mapfre, o los préstamos bilaterales con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para gasto sanitario.
El consejero regional también ha incidido en las principales líneas de actuación llevadas a cabo por el Gobierno regional vinculadas a la crisis, como la cobertura a las consejerías para que pudiesen contratar personal (en el caso de Sanidad ha sido de 11.030 nuevos contratos y en la Agencia Madrileña de Atención Social de 2.649).
Además, se ha impulsado el teletrabajo entre los empleados públicos alcanzado al 36,2 por ciento de los efectivos humanos y, de cara a los ciudadanos, se han dictado diversas normas para facilitar la agilización de trámites ordinarios en los procedimientos administrativos, así como moratorias en la presentación de declaraciones y pago de impuestos cedidos y de gestión propia. Estos plazos se prolongarán hasta que se levante el estado de alarma sin recargos ni penalizaciones.
