El vicepresidente de la Junta andaluza y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha lamentado este viernes que el Gobierno central haya decidido que las provincias de Granada y Málaga se mantienen en la fase 1 de desescalada hacia la ‘nueva normalidad’ ante el coronavirus y no pasen con el resto de provincias andaluzas a la fase 2. «Es una decisión que no me parece justa», ha asegurado.
Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha asegurado que se trata de una decisión «arbitraria» y que representa «un agravio» para estas dos provincias, que, según ha insistido, «cumplen con todos los requisitos que el Gobierno ha marcado para pasar de fase», toda vez que ha reprochado que el Ejecutivo central «siga sin justificar esta decisión» porque «no da información ninguna».
«Hemos pedido explicaciones de porqué se establecía el criterio de permanecer 14 días en una fase antes de pasar a otra en unas comunidades sí y en otras no. ¿. Ante esta situación, ha señalado que la Junta no se va a resignar y va pedir explicaciones y una rectificación.
«No se puede entender», ha insistido Marín sobre la negativa a cambiar a la fase 2 en estas provincias andaluzas. «¿Qué criterio es ese de permanecer 14 días en una fase, dónde está escrito, hay una orden, en el BOE?», ha cuestionado el vicepresidente que ha remarcado porqué en algunas comunidades sí se puede pasar de fase sin cumplir este requisito y en otras no.
«Las provincias de Granada y Málaga tienen mejores datos sanitarios que al menos seis comunidades que sus territorios están en fase 2», ha subrayado, por lo que desde la Junta seguirán «haciendo presión para que esto se corrija», aunque ha lamentado que sea «predicar en el desierto» ante la actitud del Ejecutivo central frente a las comunidades.
«Echamos en falta diálogo y lealtad con las comunidades», ha señalado Marín, quien ha destacado «las imposiciones permanentes» por parte del Gobierno que «los andaluces no pueden entender». En esta línea, ha criticado «la política de hechos consumados» que ejerce el Ejecutivo nacional «sin tener en cuenta las consecuencias sociales de una decisión de esta envergadura» con temperaturas que rozan los 40 grados y sectores económicos paralizados como el del turismo.
