La decisión de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030 de repartir los fondos recaudados del 0,7% del Impuesto de Sociedades, la conocida como ‘X solidaria de las empresas’, ha generado división entre las ONG de acción social, que consideran que deberían recibir el 100% de estos fondos –y de los que finalmente recibirán el 77,7%– y las organizaciones medioambientales y de cooperación, que se han mostrado satisfechas por el reparto –del que les corresponderá el 2,8% y el 19,5%, respectivamente– y que defienden que les corresponde por «ley».
Este jueves, la Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG de acción social, ya mostró su enfado con el Ejecutivo.
Sobre el 0,7% del Impuesto de Sociedades, que se puso en marcha por primera vez el año pasado y del que se han recaudado casi 34 millones de euros, el Gobierno ha decidido seguir el mismo esquema que con el 0,7% del IRPF y repartirá los fondos entre las ONG de acción social, organizaciones medioambientales y de cooperación, según señalaron a Europa Press fuentes de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales.
En concreto, según un documento de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, el importe definitivo de la liquidación correspondiente al 0,7% del Impuesto de Sociedades asciende a 33,9 millones de euros. De esta cifra, a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales le corresponde gestionar el 77,7 por ciento (26,4 millones de euros); un 19,4% lo gestionará el Ministerio de Asuntos Exteriores y el 2,8% restante, el Ministerio para la Transición Ecológica.
El Tercer Sector se queja de este reparto porque considera que los fondos de esta casilla, que por primera vez pudieron marcar las empresas el año pasado, debería ir destinada «exclusivamente» a las organizaciones de acción social, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Por su parte, fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales precisaron a Europa Press que en dicha ley no se habla de «acción social» sino de «actividades de interés general consideradas de interés social», entre las que «entran los proyectos medioambientales y de cooperación.
«LO RARO SERÍA EXCLUIR EL MEDIO AMBIENTE Y LA COOPERACIÓN»
En este sentido, las organizaciones medioambientales consideran «lógico» entrar en el reparto. «Sencillamente el reparto que estaba planteando la Plataforma del Tercer Sector era ilegal porque la la ley dice claramente que esos fondos van a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social», ha defendido el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Fracisco Segura, en declaraciones a Europa Press.
Para el director de WWF España, Juan Carlos del Olmo, «lo raro sería que se excluyera al medioambiente y la cooperación» de este reparto porque, según recuerda, «la humanidad también afronta una gran crisis ecológica». «Nos parece lógico, llevábamos mucho tiempo abogando por ello», ha subrayado.
También desde SEO Birdlife consideran que el Gobierno ha actuado «con máxima diligencia», cumpliendo con lo que dice la ley, y con «generosidad» hacia las ONG de acción social pues son las que reciben el mayor porcentaje de los fondos. «Hemos entendido que esta vez la acción social era urgente y ni siquiera hemos optado a más fondos, que son en su mayoría para ellos. Es injusto que hablen de recorte», ha comentado a Europa Press la directora ejecutiva de SEO Birdlife, Asunción Ruiz.
Asimismo, estas organizaciones señalan que «cada vez hay más sensibilidad ambiental en la sociedad» ante la «urgencia» de los problemas ambientales. Por ello, lamentan que a sus proyectos solo se destine un 2,8% del total, una cantidad que consideran «ridícula», en palabras del coordinador estatal de Ecologistas en Acción.
«Si le dijeras a quien marca la casilla, dada la crisis climática, que de cada 100 euros solo 2,8 van a protección del medio ambiente… Está infrarepresentado para la dimensión del problema y en España hay muy pocos recursos para esto», añade el director de WWF España.
En este sentido, aunque entienden que este año el reparto favorezca a las ONG de acción social por la prioridad de la crisis social y sanitaria provocada por el coronavirus, Del Olmo cree que de cara al futuro se debe «revisar» y buscar un «equilibrio».
Asimismo, fuentes de la Coordinadora de ONGD han mostrado a Europa Press su satisfacción por el reparto, algo que, según aseguran era una reivindicación del sector. Además, consideran especialmente relevante en estos momentos la financiación de sus acciones para paliar la crisis del coronavirus en los países en desarrollo y evitar futuras pandemias.
0,7% DEL IRPF: MÁS FONDOS PARA LAS CCAA
Por otro lado, la Plataforma del Tercer Sector también ha denunciado un recorte en los fondos del 0,7% del IRPF destinados al tramo estatal. Hasta ahora, y tras una resolución del Tribunal Constitucional, el total recaudado a través de la casilla de Fines Sociales era gestionando en un 80% por las comunidades autónomas y en un 20% por el Estado para ser repartido entre las asociaciones de ámbito estatal para proyectos de interés social.
No obstante, este año, el Gobierno ha decidido destinar más dinero a las CCAA. En concreto, según el documento de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, el importe definitivo de la liquidación correspondiente al 0,7% del IRPF asciende a 360,8 millones de euros, de los que a Derechos Sociales le corresponde gestionar el 77,7%, lo que supone 280,4 millones de euros. A estos hay que sumar 2,9 millones de herencias.
De esos 283,4 millones de euros, un 85,1% será gestionado por las CCAA frente a un 14,9% que será gestionado por el Estado. «Supone una pérdida de 14,5 millones de euros, que sirvirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan», denunció el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.
Si bien, fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales precisaron que han tomado esta decisión porque «son las CCAA las que pueden derivarlo a acciones para paliar los efectos del COVID-19», es decir, a proyectos de «intervención social directa», mientras que, según precisan, los fondos que irían a parar a los ONG estatales se emplearían en la misma realización de estudios o proyectos de I+D+I, entre otros.
EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD PIDE AL GOBIERNO QUE RECTIFIQUE
El sector de la discapacidad ha apoyado a la Plataforma del Tercer Sector y ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales que «rectifique de inmediato» y no recorte el tramo estatal del 0,7% del IRPF. «Se castiga así incomprensiblemente al sector solidario español que se ha revelado como el actor más próximo y omnipresente para tratar de atajar el impacto social de la pandemia», ha lamentado el CERMI en un comunicado.
A esta denuncia se ha sumado Plena Inclusión España, que advierte de que esta decisión «reducirá la capacidad de las entidades de acción social estatales para responder a las demandas de los colectivos más desfavorecidos» y la Confederación ASPACE, que teme «una merma en el liderazgo de las entidades estatales».
También la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha recordado que 478.922 personas se beneficiaron de sus proyectos financiados gracias al 0,7% del IRPF estatal; y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) asegura que este apoyo permitió que el pasado año se pudieran ofrecer cerca de 1.000 horas de accesibilidad para que las personas con sordera pudieran participar en igualdad de condiciones de todo tipo de actos.
