El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este viernes en el Senado «volver a la cordura» al sostener, en medio de la polémica por los cambios en la Guardia Civil y las acusaciones de injerencia en investigaciones judiciales, que él «no pretende polemizar con nadie». En este sentido, ha citado al histórico dirigente socialista Indalecio Prieto para defender que la política del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos está guiada por la «pasión por España».
La comparecencia se ha enmarcado en plena polémica por los relevos en la cúpula de mando de la Guardia Civil y el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la Comandancia de Madrid que investiga la manifestación del 8M y el inicio del contagio de coronavirus. Esta semana los principales partidos de la oposición han pedido por este motivo la dimisión de Grande-Marlaska.
Creo que si algo define a PSOE, a Unidas Podemos, a todos quienes integramos este Gobierno, es esa idea de nuestra pasión por España. Nuestra pasión por España y los españoles, pasión por sus lenguas, pasión por sus culturas, pasión por su igualdad», ha señalado en su intervención inicial en la Comisión de Interior en el Senado, donde ha presentado las líneas generales del Ministerio del Interior.
Grande-Marlaska ha defendido la gestión en la crisis sanitaria por el coronavirus y ha señalado que no quería «confrontar» con otros gobiernos anteriores ni con las Comunidades Autónomas. «Esta crisis, por desgracia, hemos visto las consecuencias que ha tenido, con el pretexto de una agenda ideológica, la excusa de crisis económicas o el simple egoísmo e individualismo, desmantelar los servicios públicos y reducirles capacidades», ha sostenido.
El ministro del Interior ha puesto en valor su gestión para prevenir el contagio entre las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado e Instituciones Penitenciarias, entre otras áreas. Entre los datos que ha ofrecido ha citado la entrega de 10,2 millones mascarillas o la realización de 80.750 test, lo que ha logrado que «la curva de contagios se aplane» entre estos trabajadores públicos.
MULTAS Y DEROGACIÓN DE LEY MORDAZA
Como ya hiciera en el Congreso en abril, Grande-Marlaska ha prometido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, la conocida como ‘ley mordaza’, aunque reconociendo que es la norma que se está utilizando durante la pandemia ante las «conductas insolidarias». El balance deja 8.678 personas detenidas y se han propuesto 1,06 millones de sanciones por incumplir el estado de alarma.
El ministro, no obstante, ha prometido una nueva ley «moderna, alineada inequívocamente con los valores constitucionales y que dote a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un mejor marco de certidumbre para actuar».
Grande-Marlaska también ha hecho balance de las operaciones contra el narcotráfico, de lucha contra el terrorismo – «con dos importantes operaciones contra el yihadismo»– y de lucha contra la trata de personas, con 96 operaciones, 85 detenciones y 157 contactos con víctimas por parte de la Policía Nacional.
El titular del Interior ha destacado la importancia de reforzar el trabajo policial en cuestiones como la violencia de género y la cibercriminalidad, ya que entre 2017 y 2019 los hechos conocidos por esta última tipología de delito se han incrementado desde 81.307 hasta 165.000. «Es decir, prácticamente se duplicaron, constituyendo la estafa y el fraude el 85,6% del total», ha señalado.
El acuerdo de equiparación salarial entre cuerpos policiales también ha sido citado en su intervención inicial, después de las críticas recibidas por algunos partidos de la oposición por el momento elegido, ya que sospechan que trata de tapar la polémica con los relevos en la Guardia Civil.
«A pesar de la situación por la que hemos atravesado no hemos descansado y el pasado martes este Ministerio, por cierto en unas condiciones económicas complejas, ha cumplido con el tercer tramo de equiparación salarial», ha indicado tras destacar la subida de sueldo de un 20% por medio y volver a censurar que el anterior Gobierno del PP no cumplió con los tramos para pagar 807 millones a policías y guardias civiles.
