El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal han acordado ampliar las investigaciones para saber si se están utilizando «adecuadamente» los instrumentos institucionales para erradicar los delitos de odio. La institución también se ha comprometido a iniciar varias investigaciones y ha desarrollado acciones para reforzar la cooperación entre las administraciones, la protección de las víctimas y la persecución de los mensajes de odio en las redes sociales.
Así se lo ha trasladado la institución a las ocho entidades que el pasado mes de noviembre presentaron una queja exigiendo una investigación para determinar si varios videos elaborados y difundidos durante la campaña electoral del 10N por Vox en sus redes oficiales pudieran incurrir en un delito de odio contra menores migrantes no acompañados.
Las organizaciones –Alianza por la Solidaridad, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elín, Irídia, Red Acoge y Federación SOS Racismo– también denunciaron los hechos ante la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo, en el escrito remitido a las ONG, les informa de la recepción de un informe del Ministerio Fiscal en el que se comunican las actuaciones realizadas por la Fiscalía de Menores en este asunto, así como el inicio de procedimientos judiciales por hechos denunciados como delitos de odio contra los menores extranjeros no acompañados que se alojan en el centro de acogida de Hortaleza.
En dicho informe, tal y como ha asegurado el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Menores manifiesta «las dificultades que encuentra para la persecución de estos delitos, debido al cierre de las páginas desde donde se hacían las declaraciones que incitaban al odio, y debido a la dificultad de identificar a los autores de las agresiones, por llevar capuchas y caretas».
«PERSISTE LA SITUACIÓN DE RIESGO» PARA ESTOS MENORES
Así pues, ante este escenario, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, considera que «persiste la situación de riesgo», al tiempo que argumenta que «se requiere la colaboración de todas las administraciones competentes para garantizar la seguridad de estos menores». Por ello, ha decidido llevar a cabo cuatro actuaciones que traslada a las ocho entidades en el escrito que les ha remitido.
La primera de las acciones es «ampliar la investigación con el Ministerio Fiscal para conocer si se están utilizando adecuadamente los instrumentos institucionales y de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» para erradicar este tipo de delitos; y si ha intervenido el Delegado Provincial para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Comunidad de Madrid en este caso.
También para saber si se ha mantenido contacto con la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio del Ministerio del Interior para mejorar la detección y prevención de nuevos delitos contra este colectivo; y si se ha aplicado alguna de las medidas del Plan de Acción de lucha contra los delitos e incidentes de odio.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo ha decidido iniciar una investigación con la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer la actuación que ha desarrollado la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio en este caso y los datos que ha recabado en relación con los atentados por delitos de odio contra menores extranjeros no acompañados y acogidos en centros públicos en toda España.
Igualmente, ha solicitado informe sobre la colaboración que ha existido en este caso con la Fiscalía de Menores, en especial en relación con la persecución de los mensajes del odio divulgados en las redes sociales como Facebook o Instagram. Asimismo, ha pedido informe sobre el estado de implementación del Plan de Acción contra los delitos e incidentes de odio, aprobado en enero de 2019.
El Defensor también va a iniciar una investigación con la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para conocer qué políticas públicas ha propuesto después de este caso, y qué medidas de protección ha adoptado para este tipo de víctimas que son menores de edad.
Especialmente, ha solicitado información sobre los planes de sensibilización y prevención de las conductas de odio hacia estos colectivos desarrollados «para evitar que este tipo de conductas pueda repetirse en los discursos públicos y en las redes sociales».
En último lugar, ha decidido iniciar una investigación con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid solicitando información sobre las medidas y políticas públicas que ha propuesto para prevenir nuevos casos de delitos de odio, para la atención de estas víctimas que son menores extranjeros que se encuentran bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.
