El juez de Madrid que inadmitió una de las querellas por el presunto delito de homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE), Fernando Simón, estudiará si admite la presentada por Vox contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que realizaron al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos.
Según han informado fuentes jurídicas, la querella presentada por el partido de Santiago Abascal el pasado 27 de mayo por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, cuyo titular es Javier Pérez Pérez.
Este juez acordó la semana pasada inadmitir, sin solicitar siquiera un informe previo a la Fiscalía, el escrito presentado por los familiares de una mujer que falleció por coronavirus que aseguraba que Fernando Simón era el responsable de al menos 27.000 muertes por covid-19 en España por haber «comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias».
Ahora, el magistrado debe decidir si abre causa contra el número dos del Ministerio del Interior y la directora de la Guardia Civil, como solicita Vox o inadmitir de plano esta querella.
RELACIÓN ENTRE LA DESTITUCIÓN Y EL INFORME SOBRE EL 8-M
El partido de Santiago Abascal pone de manifiesto en su escrito la «relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe» solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación feminista del 8 de marzo.
Vox «no da credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior», quien atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una «pérdida de confianza» y por ello incluye en la querella algunas publicaciones de medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil en calidad de policía judicial por encargo de la magistrada fue «el detonante de la destitución».
Así, afirma en su escrito que el informe refleja que «los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid». «Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo», resume.
De igual modo, explica que «la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial».
Vox expone que el cese del coronel «también coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad organizado para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid)».
DECLARAR NULA LA DESTITUCIÓN DEL CORONEL
Por todo ello, Vox solicita que el informe que estos días aparece en los medios de comunicación sea contrastado con el presentado ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para verificar su autenticidad.
También plantea que si se probara que el coronel Pérez de los Cobos ha sido destituido «por el informe y/o por negarse a dar información sobre el mismo, la destitución deberá ser declarada nula por arbitraria y los querellados, condenados».
