El Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, que indaga el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, ha decretado el embargo de los bienes de dicha entidad, de cinco personas relacionadas con la misma y una empresa más vinculada a ella, todos ellos investigados en dicha causa judicial, después de que no hayan satisfecho la fianza de cinco millones de euros que les fue impuesta el pasado mes de febrero.
En un decreto emitido el pasado 19 de mayo, adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número diez retoma este caso después de que el pasado mes de marzo decretase la libertad provisional para el propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente, Sandro José Marín Rodríguez, y para su padre y ‘administrador de hecho’, José Antonio Marín Ponce.
A ambos se les atribuye un presunto delito contra la salud publica en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes, pues el mencionado brote empidémico sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.
Dicha decisión, adoptada después de que los investigados fuesen encarcelados el pasado 26 de septiembre de 2019, incluía eso sí «la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación apud acta una vez cese el estado de alarma» decretado para frenar la pandemia de coronavirus Covid-19.
FIANZA DE CINCO MILLONES DE EUROS
En este nuevo decreto, en cualquier caso, el juzgado recuerda que el pasado mes de febrero, ordenó «la medida cautelar de prestación de fianza por importe» de cinco millones de euros a prestar por Magrudis S.L., Sandro José Marín Rodríguez, José Antonio Marín Ponce, el hijo menor de este último, Mario Marín Rodríguez; su esposa Encarnación Rodríguez Jiménez, su cuñada Isabel María Rodríguez Jiménez y la sociedad Elaborados Cárnicos Mario S.L.
Y es que «habiendo sido requeridos los investigados Sandro, José Antonio e Isabel de forma personal y los demás sobre los que se ha impuesto la medida a través de la representación procesal, para la prestación de la misma, consta la notificación de que hasta la fecha de la presente, no han aportado fianza ni designado bienes» para ello.
Por eso, el juzgado ordena «el embargo de los bienes de los investigados a fin de asegurar las cantidades requeridas», hasta un total de cinco millones de euros, lo que se traduce en el embargo de «las cantidades que posea en las cuentas corrientes» Magrudis S.L. más cinco vehículos ya intervenidos en el marco de la investigación y los enseres, muebles y maquinaria industrial de su nave; «las cantidades que posea en las cuentas corrientes» José Antonio Marín, lo mismo para Sandro José Marín además de un coche de su propiedad ya intervenido, sus participaciones en la empresa y sus derechos sobre la marca «La Mechá del todo natural», entre otros bienes.
A Elaborados Cárnicos Mario S.L. se le embargan también las cantidades de sus cuentas y sus enseres y maquinaria, a Encarnación Rodríguez lo mismo y sus derechos sobre un plan de pensiones, a Mario Marín Rodríguez lo mismo y sus derechos sobre la citada empresa Elaborados Cárnicos Mario S.L. y respecto a María Isabel Rodríguez Jiménez, las cantidades de sus cuentas y su titularidad al 50 por ciento de una vivienda de Dos Hermanas.
