Los cambios en los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones para las CCAA, para paliar los gastos que ha generado la pandemia de coronavirus, han provocado las protestas de varios presidentes autonómicos en la conferencia que han celebrado este domingo con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Entre ellos, Emiliano García Page (C-LM), Javier Lambán (Aragón), Joaquím Torra (Cataluña), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (CyL) y Miguel Ángel Revilla (Cantabria).
Sánchez transmitió esta mañana a los presidentes de las CCAA los cambios en los criterios para el reparto del fondo de 16.000, con la creación de un nuevo fondo para Educación (2.000 millones), otro para movilidad (800 millones) y un incremento en el peso de la población como criterio de reparto, de acuerdo con lo que habían venido reclamando autonomías como la Comunidad Valenciana.
Con la decisión de hoy, los 10.000 millones del fondo que se iban a dedicar a gasto sanitario se quedan en 9.000, que se pagarán en dos fases, una de 6.000 millones y otra de 3.000. Tampoco se destinarán los 1.000 millones iniciales que se contemplaban para un fondo social. Estos, junto con los 1.000 menos que se utilizarán para gasto sanitario, suman 2.000 millones para ese nuevo fondo en Educación. Y de los 5.000 millones para paliar la minoración de ingresos por la crisis, se detraerán 800 para la pérdida de facturación en los transportes.
PROTESTA DE PRESIDENTES SOCIALISTAS
Los socialistas Emiliano García Page y Javier Lambán han expresado hoy su protesta y han coincidido en calificar de «injusto» el cambio de criterio. El primero ha reivindicado que tanto La Rioja como Castilla y León y Castilla-La Mancha han tenido porcentualmente más impacto por el coronavirus y han tenido que «dejarse la piel» mucho más que otras regiones en gasto de material, contrataciones y titulares de medios de comunicación.
«Creemos que es de justicia que se mantenga en el primer cupo de reparto como mínimo lo que estaba establecido en función del gasto. Otra cosa será ver el descenso de los ingresos, que será diferente», ha expuesto García-Page a Sánchez.
Lambán ha considerado que su comunidad, con menor población, no se va a ver beneficiada con este reparto. Ha criticado que desaparezca el fondo de mil millones para política social y que se destinen 800 millones para transporte, que deberían distribuirse al margen de estos gastos para Covid y desde el Ministerio de Fomento. Ha aplaudido sin embargo que se destinen fondos específicos para la Educación.
Por otro lado, el presidente de Aragón ha vuelto a insistir en la necesidad de modificar «sustancialmente» el objetivo de déficit previsto para las autonomías en un 0,2 por ciento del PIB porque no se podrá cumplir.
En términos muy parecidos se ha expresado el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco desde Castilla y León. El nuevo reparto «es injusto, deja en la estacada y castiga a las comunidades que más han sufrido con la pandemia, como es el caso de Castilla y León». Ha confesado que no entiende el cambio en el reparto o la desaparición del fondo para política social, y ha dicho que «para afrontar sobrecostes en Educación y Transporte, lo justo es que se hubiese tenido en cuenta la incidencia de la pandemia, la población envejecida y vulnerable y otros factores como la dispersión poblacional».
CATALUÑA RECLAMA «LA LETRA PEQUEÑA» DEL REPARTO
Las críticas han llegado también desde Cataluña. Quim Torra ha dicho que los «nuevos criterios suponen para Cataluña un pérdida de decenas de millones de euros» y que los gastos que está realizando su gobierno triplican las previsiones del Ejecutivo. Su vicepresidente, Pere Aragonés, ha exigido saber de inmediato qué cantidad le corresponde a su comunidad, «la letra pequeña» de las asignaciones. La Generalitat ha advertido también de la necesidad de que se amplíe el objetivo de déficit para las CCAA del 0,2 al 1 por ciento.
El malestar entre las comunidades con menos población y más afectadas por la pandemia también se ha producido sin embargo entre algunas de las más pobladas y con menor incidencia de la enfermedad. Por ejemplo en Murcia, cuyo Gobierno, del ‘popular’ Fernando López Miras, considera que no crece lo suficiente el criterio de población y que la Región volverá a ser la que menos reciba por habitante de España.
López Miras ha expresado al presidente del Gobierno que las comunidades están muy cerca de tener tensiones de tesorería y problemas de liquidez para afrontar pagos.
Tampoco está contento el cántabro Miguel Ángel Revilla, que exigía el reparto de estos fondos como se distribuye la financiación autonómica, ya que los criterios decididos «no benefician a Cantabria» al ser una comunidad pequeña pero con un coste de servicios públicos «mucho más elevado» que en otros territorios.
MADRID PIDE UN ACUERDO ESPECÍFICO
La madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido una mesa concreta entre Hacienda y Madrid sobre los fondos que necesita la Región porque ha sido «la más castigada por la Covid-19, que tristemente ha cosechado más fallecidos, más contagios y ha sido la más golpeada en su sistema sanitario y en su sistema económico».
«Nos hemos ido quedando atrás de una manera muy perjudicial para nuestra economía», ha lamentado Díaz Ayuso, quien ha recordado que la Comunidad de Madrid es «un motor económico para todos» y que «está en una gran indecisión por las fases y por toda esta falta de ingresos y una pérdida masiva de empleo».
FEIJÓO: «UN POCO MENOS MAL»
En el otro lado se han situado hoy otras comunidades tanto ‘populares’ como socialistas que han visto mejorar su posición con el cambio de criterios. Galicia y Andalucía han admitido salir algo mejor paradas, aunque han mantenido sus críticas aún al reparto del fondo, mientras la Generalitat Valenciana han defendido que su posición mejora.
El gallego Alberto Núñez Feijóo ha valorado que «algunas cosas» reclamadas desde Galicia «sí se están teniendo en cuenta», pero ha asegurado que la cantidad consignada para la Xunta aún está lejos de su reclamación. Ha explicado que se financian las personas ingresadas en hospitales y en UCI, por lo que en el caso de Galicia «quedan fuera las miles de personas» diagnosticadas con COVID-19 que fueron atendidas en sus domicilios y «las 350 camas» de las residencias de ancianos que fueron medicalizadas.
A pesar de estas críticas, sí ha reconocido que «algunas cosas sí se están teniendo en cuenta»: «De momento estamos mal. Un poco menos mal que hace semanas, es cierto, pero seguimos sin la proporcionalidad que nos corresponde».
Algo parecido ha dicho el también ‘popular’ Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. «Antes llorábamos por los dos ojos y ahora por uno, pero seguimos llorando», ha asegurado, y ha insistido en que el criterio de población debe ser el principal para el reparto. Moreno ha valorado este domingo la «leve mejoría» que se ha producido en el reparto para su Comunidad, aunque según ha dicho sigue perdiendo «359 millones».
En cuanto al presidente valenciano, Ximo Puig, ha celebrado que su comunidad será tras Andalucía la que más se beneficiará del cambio. «Es una buena noticia a la espera de leer la letra pequeña», ha manifestado en rueda de prensa. El cambio incluye un fondo para educación y otro para movilidad, lo que favorecería a las CCAA con más población como pedía la Generalitat.
Puig ha estimado el crecimiento entre un siete y un 10% de lo previsto inicialmente en el reparto del fondo no reembolsable por parte del Ministerio de Hacienda.
También los gobiernos socialistas de Asturias, Extremadura y Baleares han considerado correcto el nuevo reparto del fondo. El extremeño Guillermo Fernández Vara ha asegurado que «como suele ocurrir en estos casos nadie ha quedado contento», lo que a su juicio demuestra que es «razonable» el reparto decidido.
