El PSOE y Unidas Podemos defenderán el miércoles en el Pleno del Congreso su iniciativa para insistir en su compromiso de despojar de sus medallas, ahora ya a título póstumo, al expolicía Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, así como de hacer un catálogo de los títulos nobiliarios concedidos por el régimen franquista a sus adeptos entre 1948 y 1978.
Once días después de la muerte del conocido torturador franquista, fallecido el pasado 7 de mayo por coronavirus, los dos partidos que integran el Gobierno registraron esa proposición no de ley reiterando un compromiso que habían anunciado en su acuerdo de coalición. Y ahora los dos socios han decidido que este asunto sea la primera PNL que debata el Pleno del Congreso tras el parón motivado por la crisis del coronavirus.
Eso sí, es una iniciativa sin efectos legales, más allá del recordatorio. La propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ya confirmó en mayo en el Senado que el Ejecutivo seguía con sus planes de quitar honores a ‘Billy el Niño’ y el Congreso tiene pendiente de debate una reforma legal del PSOE que ya incluye un punto para dar respaldo legal a esa decisión y poder aplicarla.
PREVISTO EN LA NUEVA LEY DE MEMORIA, SIN FECHA DE DEBATE
En concreto, esa proposición de ley incluye en su artículo 12 el mecanismo para retirar las condecoraciones previstas para la Policía en virtud de la Ley 5/1964 y, en el caso de la Guardia Civil, de la Ley 19/1976. Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas leyes podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil*, recoge el texto, que sigue pendiente de tramitación.
Pero como aún no hay fecha para que esa ley empiece a debatirse en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos optaron por renovar su compromiso de actuar en este sentido con el registro de una posición no de ley que, en realidad, no hace más que instar al Gobierno a tomar medidas para hacer efectivo lo que ya incluyeron en su acuerdo para gobernar en coalición.
En concreto, el texto que se debatirá el miércoles urge al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los Derechos Humanos, incluso a título póstumo, y en particular las condecoraciones de Billy el Niño.
Según apuntan PSOE y Unidas Podemos en su iniciativa, recogida por Europa Press, todavía se está pagando «el importe de 115 medallas policiales concedidas antes de 1979 a agentes de policía de la dictadura franquista».
Ambos partidos instan también al Gobierno a que se consideren «contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».
PASAR DE LOS DEBATES A LOS HECHOS
Y, por último, proponen adoptar las iniciativas normativas precisas «para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión».
También Más País había registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a despojar a ‘Billy el Niño’ de sus medallas a título póstumo, aunque tuvo que reformular algunos de sus puntos por petición de la Mesa del Congreso. Tanto Iñigo Errejón como el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ya lamentaron que el PSOE y Unidas Podemos se hubieran limitado a registrar una nueva proposición no de ley, sin agilizar la reforma legal.
